Santa Cruz de Tenerife
LO QUE HAY JOSÉ M. CLAR FERNÁNDEZ

¿Para cuándo la ley de huelga?

1/may/08 2:41 AM
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Cuando no son los pilotos del Sepla, los controladores aéreos o los transportes públicos, son los médicos, los bomberos, los funcionarios de Justicia o, como ocurre actualmente en Canarias, los profesores no universitarios, los empleados de la recogida de basuras en algunos municipios, etc., quienes, al no ponerse de acuerdo con sus empresas o administraciones y agotadas todas las posibilidades de entendimiento mutuo, se declaran en huelga.

En efecto. El derecho a la huelga es una facultad que tienen los trabajadores para defender o reivindicar sus intereses laborales o económicos. Y así ha de ser, porque la huelga es un derecho constitucional que en un Estado democrático debe respetarse, pese a que estas movilizaciones ocasionan molestias a miles de personas, sufridoras de estos paros. Este derecho viene recogido en nuestro ordenamiento jurídico al máximo nivel, ya que aparece regulado expresamente por la Constitución Española (CE) en el artículo 28.2, atribuyéndole la cualidad de "derecho fundamental y libertad pública" (Capítulo II, Sección Primera), que dice: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Es decir, la previsión constitucional es que se produzca un desarrollo normativo del reconocimiento genérico de este derecho, pero al tener la huelga un rango de "derecho fundamental", obliga a que su desarrollo legislativo deba efectuarse por medio de Ley Orgánica, con la exigencia, por tanto, de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para su aprobación final.

¿Y qué ocurre? Pues que hasta el momento presente, por presiones sindicales exorbitantes, ningún Gobierno se ha atrevido a proponer una ley para que sea promulgada por las Cortes Españolas, a pesar de que han existido diversos intentos de elaboración y discusión parlamentaria. Así las cosas, no se prevé que a corto plazo se altere el panorama legislativo español en materia de derecho de huelga, pese a que la totalidad de los derechos fundamentales y libertades públicas considerados como tales en el Capítulo II de la CE se encuentran desarrollados ya por leyes orgánicas.

España, pues, tiene regulado este derecho fundamental mediante el Real Decreto-ley 17/1977, sobre Relaciones de Trabajo, que es preconstitucional, si bien debidamente matizado y corregido por el Tribunal Constitucional en su célebre sentencia de 8 de abril de 1981 y se elaboró con la pretensión de legalizar la huelga tras la proscripción del Gobierno de Franco.

Los sindicatos han sido siempre reacios a la elaboración de una ley de huelga, que sí han reclamado constantemente otras representaciones sociales (empresarios, asociaciones de consumidores, etc.). Las fuerzas políticas se han plegado, asimismo, a la voluntad sindical y por ello estamos como estamos: indefensos los ciudadanos ante la capacidad de presión de colectivos que, gracias a este mecanismo de presión, disfrutan de unas envidiables condiciones laborales.

Se hace preciso una buena regulación de la huelga porque es evidente que los derechos laborales de cualquier colectivo no pueden erigirse en bien absoluto, susceptible de arrasar cualquier interés o derecho de los demás ciudadanos que se le oponga. Así, por ejemplo, es inadmisible que un conflicto laboral como el que mantiene desde hace más de un año el profesorado no universitario con la Consejería de Educación deje sin clases a miles de niños, porque, ¿quién garantiza y defiende el derecho que tienen éstos a la educación? (Artº 27 de la CE).