O. GONZÁLEZ, Tenerife
Los parlamentos autonómicos, entre ellos el de Canarias, podrán iniciar en pocos días el procedimiento para proponer los dos magistrados al Tribunal Constitucional (TC), una posibilidad que les otorga la nueva Ley Orgánica del Alto Tribunal (LOTC) de participar en la renovación de los jueces del máximo órgano judicial, cuyo mandato expiró en diciembre del año pasado.
Así lo confirmaron ayer a EL DÍA fuentes cercanas a la Mesa del Senado, que indicaron que ya se ha enviado la solicitud a las cámaras regionales para que éstas inicien el proceso de selección de los dos jueces que le corresponde a cada una de ellas. Así, una vez que los parlamentos y asambleas regionales reciban la comunicación enviada por el Senado, a las mesas parlamentarias les corresponderá tomarla en consideración y darle traslado a los grupos políticos con representación en la Cámara, para que estos inicien el proceso que derivará en la propuesta de los magistrados.
Precisamente, la fórmula para abordar dicho proceso de selección de cuatro de los doce magistrados que conforman el Tribunal Constitucional es aún desconocida por las asambleas y parlamentos autonómicos, también por el de Canarias, según confirmaron ayer fuentes de los grupos parlamentarios consultadas por este periódico. No obstante, esta duda quedará disipada una vez sea recibida la comunicación enviada por la Mesa de la Cámara Alta.
En el caso del Archipiélago, cabe recodar que los grupos políticos que componen el Parlamento (Coalición Canaria, Partido Popular y PSC-PSOE) estaban a punto de llevar una propuesta al pleno de la Cámara regional a finales de 2007, pero el proceso fue suspendido, entre otras razones, por la cercanía de las elecciones generales y por los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Popular (PP).
Sobre estos recursos presentados por el PP, el propio Tribunal Constitucional se manifestó recientemente y avaló la LOTC, dejando la puerta abierta a las comunidades autónomas para proponer nombres a la Cámara Alta, institución a la que le corresponde el nombramiento definitivo de los cuatro jueces.
En este sentido, cabe recordar que cuatro de los doce magistrados que componen el Alto Tribunal -entre ellos su presidenta, María Emilia Casas- están a la espera de su renovación después de que su nombramiento expirara en diciembre del año pasado, momento en el que el Senado informó a las comunidades autónomas de la capacidad que les otorgaba la nueva ley. Por esta razón, y hasta que se resuelva este proceso, los cuatro jueces permanecerán en su cargo de manera provisional.
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