Treinta años de desamparo

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

En tiempos en los que la recuperación de la memoria histórica se ha convertido en motivo de apasionados debates, una asociación de creación relativamente reciente -nació a finales de 2006- se ha propuesto refrescar la memoria colectiva de la sociedad de las Islas. Se trata de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), que defiende los intereses del colectivo de afectados por el conflicto que, a finales de los años 70, sacudió la zona del Sahara occidental.

La presidenta de esta organización, Lucía Jiménez, se reunió ayer con el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, y con representantes de los grupos políticos de la Cámara para buscar la colaboración de la institución en el proceso de "reparación y reconocimiento" para los afectados. Jiménez constató el "interés" de los diputados en asumir sus propuestas, consistentes en la articulación de medidas complementarias de restitución para las víctimas del terrorismo avaladas por sentencias judiciales o resolución administrativa del Ministerio del Interior, al igual que ocurre en otros parlamentos autonómicos, como los de Andalucía, Valencia, Cataluña y el País Vasco. Este mes se celebrará un nuevo encuentro entre el colectivo y los parlamentarios regionales para seguir avanzando en esta iniciativa.

Actualmente, entre 250 y 300 personas podrían beneficiarse de estas medidas. Se trata tanto de los damnificados directos como de sus cónyuges e hijos, tal y como reconoce la ley estatal. No obstante, no pueden aportarse cifras exactas, dado que la asociación trabaja aún en la localización de posibles víctimas y la confrontación de datos para la elaboración de un censo. Entre ellas podrían contarse no sólo las del conflicto del Sáhara, sino las de otros tipos de terrorismo, como el de ETA o el de los GRAPO.

La iniciativa de constituir este colectivo surgió de los hijos de algunos de los afectados, que decidieron que había llegado el momento de reivindicar su situación después de "muchos años permaneciendo en el olvido y el desamparo más absolutos", señala Lucía Jiménez. Entre las víctimas se encontraban pescadores que faenaban en el banco canario-sahariano. Los cuerpos de algunos nunca aparecieron, por lo que sus familiares se encuentran ahora en un "limbo administrativo", mientras que doce han sido reconocidos como víctimas por Interior.

Los motivos por los que se ha retrasado tanto la adopción de medidas que compensen los daños experimentados por estas personas "tienen difícil explicación", según la presidenta de Acavite. Jiménez apunta que las razones podrían estar relacionados con una cuestión de "nobleza mal entendida y una triste resignación. Se piensa que los hechos ocurrieron hace muchos años y se mira hacia otro lado, pero no es real: estas personas fueron objeto de acciones violentas", dice.

Ciego y sordo

El padre de Lucía Jiménez, Francisco Jiménez, fue una de las víctimas de la convulsa situación que vivió el Sahara occidental a finales de los años 70, en los momentos previos e inmediatamente posteriores al abandono del territorio por parte del Gobierno de España. Francisco, electricista de profesión, viajaba en un convoy de la compañía Fos-Bucraa, para la que trabajaba y que explotaba los fosfatos del Sáhara, entonces todavía bajo dominación española. La explosión de una mina lo dejó ciego y sordo, y sólo la caja de cambios del vehículo, que amortiguó la onda expansiva, impidió que perdiera la vida. El conductor del vehículo, Raimundo López Peñalver, también canario, murió en el acto. Pese a sus esfuerzos, Lucía Jiménez no ha conseguido aún localizar a sus familiares.

Estos hechos sucedieron el 10 de enero de 1976. Francisco Jiménez falleció en el año 2005 sin ver reconocidos sus derechos como víctima del terrorismo, un logro que sólo pudo alcanzar a título póstumo en enero de 2006, treinta años después de su muerte.