Corbacho ve posibilidades de acuerdo sobre el "contrato de integración"

AGENCIAS, Madrid

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, recordó ayer a la Generalitat de Valencia, gobernada por el Partido Popular, que el Estado mantiene buena parte de las competencias en materia de inmigración, entre ellas las relativas a "los temas de contratos", pero precisó que está dispuesto a llegar a un "punto de encuentro" entre el "compromiso de integración" que ha propuesto la Administración autonómica y "alguna propuesta" que el propio ministro "haya podido hacer".

"Si una comunidad autónoma en un momento determinado pretende regular una cosa que no es de su competencia, desde el Estado le diremos que regule aquello para lo que es competente, pero que se abstenga de intervenir en ningún tema que no sea de su competencia", apuntó Corbacho. Así, señaló que los asuntos relacionados con la regularización o los contratos, entre otras materias, corresponden al Gobierno central.

Corbacho, que presidió la toma de posesión de la nueva secretaria general de Empleo, se refirió de este modo al borrador de la Ley de Integración de la Comunidad Valenciana, que recoge el citado "compromiso de integración" como un acuerdo que deberán suscribir los ciudadanos extracomunitarios mayores de 18 años que quieran residir en la región.

El titular de Trabajo e Inmigración consideró que está "bien" que "una comunidad autónoma explore las posibilidades de ir profundizando en estas materias" y rechazó "descalificar" la iniciativa de la Generalitat Valenciana. "Esa propuesta y algunas que yo he podido hacer a lo mejor pueden encontrar un punto de encuentro en un recorrido que no tiene por qué hacerse necesariamente ni desde la descalificación ni desde la confrontación", aseguró.

Por otro lado, el ministro anunció el encargo de un informe sobre la posibilidad de poner en marcha planes de retorno voluntario para los inmigrantes que queden desempleados. El objetivo, explicó Celestino Corbacho, es que "en el plazo máximo de 30 días el informe esté sobre la mesa del Ministerio" para después "llevarlo a Consejo de Ministros" y que así "deje de ser un anuncio para convertirse en una medida".

Críticas

El anuncio de la Generalitat valenciana ha suscitado las críticas de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los inmigrantes, que ha manifestado que el compromiso de integración expone a los extranjeros a la "más absoluta exclusión", además de fomentar "la xenofobia, la criminalización y la discriminación del colectivo inmigrante".

Asimismo, ha considerado "innecesaria" la firma de un contrato especial porque el cumplimiento de la ley es exigible a cualquier ciudadano. La Mesa se pregunta qué organismo va a definir la lista de costumbres, qué tribunal velará por su cumplimiento y qué sanciones aplicará.

El Gobierno valenciano ha defendido su iniciativa alegando que el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea aprobó en 2004 los principios básicos comunes sobre integración, que recogen que "un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración". Asimismo, la Generalitat recuerda que el contrato de integración se introdujo ya en 2002 en la ley de extranjería austriaca y, con nombres similares, aparece en Bélgica, Holanda, Dinamarca o Reino Unido.