EL DÍA, Icod de los Vinos
La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Ycod (ADPHY), de la que forma parte la primera teniente de alcalde de Icod de los Vinos y líder del PP, Isabel García, emitió ayer un comunicado en el que insiste en exigir la inmediata demolición del Mariposario del Drago "por tratarse, según sentencias judiciales firmes, de una edificación ilegal e ilegalizable".
La presidenta de ADPHY, Teresa Fernández Falcón, subraya en este comunicado que la secretaria del colectivo, Isabel García Luis, que desempeña funciones políticas en el Ayuntamiento de Icod como concejal del grupo de gobierno, "no ha participado en ninguna de las decisiones que la asociación ha adoptado sobre el mariposario, incluyendo la denuncia realizada por esta presidenta contra el alcalde icodense -Diego Afonso (CC), compañero de gobierno de Luis- y el dueño del mariposario por incumplimiento de las resoluciones judiciales".
ADPHY señala que "el 19 de julio de 2007" puso en conocimiento del Ayuntamiento de Icod que "el mariposario no contaba con el obligado precinto y que se encontraba personal en su interior".
Fernández subraya que "a finales del año pasado, el concejal de Urbanismo, Francisco González (CC), convocó a ADPHY a una reunión a la que asistimos, en presencia de nuestra abogada, pero sin la participación de Isabel García, y nuestra sorpresa se produjo cuando el citado edil nos pidió la aquiescencia de la asociación para la firma de un convenio entre el ayuntamiento y el dueño del mariposario, que, según nos dijo, había presentado el propietario y González, personalmente, había ultimado. La respuesta de ADPHY fue que se cumpliera la legalidad y que, de acuerdo con las sentencias judiciales, que son firmes y de obligado cumplimiento, la edificación era ilegal e ilegalizable".
"Durante los meses de octubre y noviembre de 2007, la asociación, de manera reiterada, denunció al ayuntamiento que el Mariposario del Drago continuaba sin precintar, que se encontraban personas en su interior y que, por mandato judicial, se obligaba al ayuntamiento a ejecutar las sentencias firmes que se habían dictado desde 2003 acerca del precinto y demolición del mariposario, por no haberse atenido a la legalidad", señala Fernández.
El día 7 de diciembre de 2007, "tras comprobar que el mariposario estaba sin precintar y abierto al público", la presidenta de la asociación denunció al dueño del mariposario y al alcalde ante la Policía Local. "Al propietario lo denunciamos por no acatar las sentencias firmes y al ayuntamiento porque tiene la orden judicial de que el mariposario esté cerrado, precintado y demolido y, al parecer, está haciendo caso omiso de estas sentencias y de los propios y recientes decretos de la Alcaldía. Hasta esa fecha, el consistorio no ha ejecutado en sus términos las sentencias que obligan a la restauración del orden jurídico vulnerado y a la realidad física alterada mediante la demolición del mariposario", sentencian.
ADPHY también critica la labor del grupo de gobierno (CC-PP): "Si bien la anterior corporación no ejecutó con la debida prontitud las resoluciones judiciales, la actual no solamente no las ejecuta sino que, al parecer, negocia con el mariposario su apertura". El colectivo, que se autodefine como "aconfesional y apolítico", concluye denunciando que el ayuntamiento le "oculta información, puesto que, siendo parte en el proceso, no nos da traslado de las actuaciones del expediente administrativo".
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