EFE, Madrid
El juez Fernando Grande-Marlaska ha reabierto la causa sobre la identificación de los cadáveres del accidente del Yak-42 en Turquía, en 2003, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente".
El juez archivó el pasado 22 de noviembre la parte relativa a la identificación de los cadáveres (en concreto, 30 de los 62 fallecidos) al determinar que si bien no se hizo correctamente ello no supuso "alteración de la verdad en los elementos esenciales", es decir "el fallecimiento y causa de la muerte".
Tras conocer la decisión de la sección tercera de la Sala de lo Penal, que preside Alfonso Guevara, Grande-Marlaska acuerdó "por mandato de la superioridad" continuar las diligencias y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo de diez días formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del procedimiento.
Con la resolución de la Sala de lo Penal, se estiman parcialmente los recursos presentados por las familias de los militares y revoca, también parcialmente, el auto de archivo de Grande-Marlaska porque excluye de la acusación del delito de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, que fue enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.
Falsedad documental
El tribunal obliga a continuar la causa por el delito de falsedad documental contra el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez.
Califica de "razonables" las dudas que tanto la Fiscalía como las familias expusieron sobre los posibles errores en la identificación de los cadáveres de los militares y estima que esta conducta "conecta" con un falseamiento de la realidad.
Por ello, considera que estas dudas "denotan una cuestión compleja, que ha de ser solventada" en un juicio, en el que se tendrá que resolver si se actuó de manera "imprudente" y si se procedió de forma intencionada.
En el auto, la Sala argumenta que el general Navarro, a quien el fiscal acusa de elaborar la lista con los militares muertos y de "rellenar" de forma arbitraria los treinta espacios en blanco que correspondían a los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar, puede haber incurrido en un delito de falsedad documental, castigado con una multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo por el mismo tiempo.
El tribunal justifica la acusación contra los otros dos militares, Ramírez y Sáez, debido a "su presencia activa en el lugar", examinando los cuerpos "tanto en lesiones como constatando cualquier objeto útil para su identificación".
A Ramírez y Sáez el fiscal de la causa, Fernando Burgos, les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria,
La sala argumenta su decisión de no imputar al general Beltrán porque dice que se limitó a firmar el acta de entrega de los cadáveres y coordinó el trabajo realizado por el equipo médico formado por los tres militares acusados, que fue el que hizo las identificaciones.
El fallo se produce tras la vista del 15 de abril para estudiar el recurso de apelación de la Fiscalía y las familias contra la decisión de Grande-Marlaska de cerrar la investigación sobre la identificación.
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