El Ejecutivo canario asegura que el descenso de la recaudación no afectará al gasto social

EL DÍA, S/C de Tenerife

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, aseguró ayer que los más de 200 millones de euros que previsiblemente dejará de ingresar el Ejecutivo en impuestos este año no implicarán recortes en sus políticas "prioritarias", entre las que citó la reducción de las listas de espera de la sanidad canaria, la mejora de la calidad de la educación, las políticas sociales y los gastos de capital.

Así lo expuso en el pleno parlamentario en el que se dio el visto bueno a los cambios fiscales introducidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias por el Real Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 18. Estas modificaciones, destinadas a impulsar la economía de las Islas y ayudar a su dinamización en el actual contexto de desaceleración, constituyen, según expusieron todos los grupos, una buena base para relanzar la actividad en el sector de la construcción.

Soria contestó a una afirmación del portavoz socialista, Blas Trujillo, en la que éste aludía a los recortes presupuestarios que tendrá que afrontar el Gobierno autónomo por la reducción de los ingresos tributarios que ha anunciado, y que ya han dejado en suspenso las ayudas para el pago de las hipotecas que pretenden concederse para paliar la delicada situación económica por la que atraviesan las familias canarias.

El responsable autonómico de Economía explicó que esos 200 millones menos son una "proyección" a un año de lo experimentado ya en el primer trimestre, en el que la desaceleración económica se ha dejado notar en la generación de impuestos. Ello provoca, por tanto, que "las previsiones de recaudación sean a la baja", comentó, pero no implicará cambios en la gestión de las prioridades de gasto social del Ejecutivo.

En cuanto al Real Decreto del que ayer informó favorablemente el Parlamento, éste atañe a la tributación en el IGIC de la rehabilitación de edificaciones, en la que se incluyen las obras que se realicen en un edificio, siempre que su coste global supere el 25% del precio de adquisición del inmueble, pero descontando -ahí está la novedad- el precio del suelo.

Con ello se favorece que más actuaciones tributen en el IGIC y se fomenta la actividad en la construcción, principal protagonista del parón económico. Todo ello entronca, además, con las mejoras pendientes en edificios situados en los núcleos turísticos.

Por otra parte, el pleno fue aprovechado por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) para criticar algunas de las medidas de choque impulsadas por el Gobierno central para combatir la desaceleración económica y el descenso del consumo familiar.

En concreto, el diputado de CC José Miguel González cuestionó la "discriminación" de la deducción de 400 euros en el IRPF y los perjuicios que ocasionará a las autonomías la exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para facilitar el pago de hipotecas.

Por su parte, la diputada popular Rosa Rodríguez calificó de "insuficientes" las propuestas del Gobierno central, "que llegan tarde y no incluyen medidas concretas de apoyo a las empresas ni fomentan el empleo", además de que redundan en las desigualdades entre comunidades, añadió.