La agresión a una docente canaria será juzgada como atentado a la autoridad

TACHI IZQUIERDO, Tenerife

La agresión que sufrió una profesora de Tenerife a principios de este mes de abril por la madre de un alumno será juzgada en los tribunales como atentado a la autoridad, una vez que la correspondiente denuncia presentada ante los Cuerpos de Seguridad del Estado fuera tramitada como falta de lesiones.

En la primera vista del caso, el sindicato Insucan solicitó que no se reputase como falta por lesiones, sino que se siguiera la misma filosofía procesal que se ha aplicado en comunidades autónomas como Cataluña, donde las agresiones a docentes se abordan bajo la figura de atentado a la autoridad y sus funcionarios.

La agredida es la directora de un centro de titularidad pública, quien al parecer había citado con anterioridad de los hechos a la madre ahora procesada por el comportamiento de su hijo.

Tras el incidente, la profesora precisó de atención sanitaria, y una vez que fue asistida acudió a la Policía a dar conocimiento de lo ocurrido.

Este lamentable capítulo no sólo se ha centrado en la agresión, sino que, según las fuentes consultadas ayer, se han tenido que arbitrar otras medidas, porque personas del entorno de la protagonista del altercado han estado rondado por los alrededores del centro y lugares que frecuenta la profesora agredida.

Desamparo oficial

El sindicato Insucan denunció ayer "el desamparo en el que deja la Consejería de Educación a sus trabajadores agredidos en el ejercicio de sus funciones, y aún más en este caso, que es un cargo directivo". José Ángel Amador, responsable de esta central, que ha prestado asesoramiento jurídico a la afectada, relató que tras la agresión y después de ser atendida la profesora en los servicios sanitarios, "se puso en contacto con el inspector de la zona, al día siguiente", pero remarca que "cinco días después de la agresión fue cuando los responsables provinciales tuvieron conocimiento del hecho". Indica que "ni el inspector se había personado en el centro", y que lo "hizo solo cuando Insucan instó a ello al director territorial de Educación".

Además, señala que fueron los servicios jurídicos de Insucan los que asistieron a la profesora agredida, pues según Amador, "la Consejería le prometió la asistencia de un abogado, pero no se puso en contacto con la afectada hasta la noche anterior al juicio, pese a que se lo había solicitado a la Administración durante todo el día".

El delegado sindical explicó que cuando el abogado, perteneciente a un gabinete externo a la Consejería, contacta con la agredida, "le comenta que en ese momento no tenía letrados disponibles para asistir al juicio", una situación de "inseguridad y de quiebra de confianza por la sensación de abandono que obliga a la afectada a acudir con el abogado que la atendía hasta el momento".

José Ángel Amador recordó que este no es el único caso de agresión a un profesor que se juzga por la vía penal, ya que según señaló, "hay una sentencia del año 2005, la primera a nivel nacional, por la que se condenó a un padre a mantener medidas de alejamiento sobre el agredido, tanto del centro donde trabajaba como del domicilio, así como a abonarle una indemnización".

Aunque las agresiones a docentes no son frecuentes, Amador explicó que quienes las padecen "las sufren de todo tipo, tanto físicas como psíquicas, y que en Canarias se "producen alrededor de 100 casos por cada 1.000 centros", alrededor de una por cada 10 centros.

Desde Insucan se señala que el tipo penal previsto en los artículos 550 y 551.1 del Código Penal relativos a los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos "es de plena aplicación a las agresiones que sufren los funcionarios docentes no universitarios canarios".