DECÍA RECIENTEMENTE José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que en este país la gente se ha acostumbrado a que sean otros quienes les resuelvan sus problemas. De forma concreta, a que se los resuelva el Estado con cargo al erario. Por ejemplo, el pago de las hipotecas que algunos irresponsables -no encuentro una denominación más adecuada para ellos- han suscrito muy por encima de sus posibilidades reales.
Me parece admisible que el Gobierno de Canarias -o cualquier gobierno- ayude a personas que atraviesan un mal momento tras comprar una vivienda de protección oficial. Extender esa generosidad a todos los que ganan menos de 30.000 euros anuales, y cuya vivienda cueste no más de 250.000, lo consideré, desde el principio, un insulto a la moderación de quienes han sido educados para el ahorro. Un sueldo de 30.000 euros anuales equivale a 2.500 cada mes. Un guarismo bastante distante del salario mínimo interprofesional. En cuanto a los 250.000 euros de tope para el valor de la propiedad adquirida, tampoco es el precio de una VPO. Y si lo es, alguien se ha estado pasando.
Desde estos postulados, me alegro de que el Ejecutivo canario no pueda cumplir el compromiso de Paulino Rivero. Ya es hora de que cada cual asuma sus responsabilidades; de que sepamos hasta dónde podemos endeudarnos con sensatez. Y no me refiero sólo a los compromisos financieros, sino a la obligación de cumplir que adquiere un político cuando oferta algo. No pongo en duda que Rivero prometió lo que prometió con la mejor de sus intenciones, pero antes debió coger la calculadora. Lo contrario es incurrir directamente en la demagogia.
No sirve, por otra parte, la excusa de que no se trata de un problema de coste, sino de diferentes circunstancias en los mercados financieros. Los economistas deben ser capaces de prever, al menos con cierta aproximación, lo que va a ocurrir en el futuro, de la misma forma que los buenos marinos de antaño sabían con antelación de dónde, y con qué fuerza, iba a soplar el viento. ¿O es que no tiene suficientes asesores el Gobierno de Canarias? Si atendemos a lo abultado de la nómina pública, cabe pensar que sí. Bien es verdad que los mejores especialistas trabajan, bastante mejor remunerados, en las grandes empresas. Verbigracia, los grandes bancos; esos que ya no prestan ni un euro porque no ven las cosas claras. En realidad, las intuyen bastante oscuras.
El concepto del "papá Estado" -o el Estado protector- está infelizmente enraizado en las neuronas de la sociedad española. Las ayudas para las hipotecas, al igual que las subvenciones de cualquier tipo, no salen de unos gobiernos más o menos generosos, aunque siempre adustos, con recursos ilimitados que son reacios a compartir con sus ciudadanos. El dinero de la Administración es el dinero que todos hemos depositado en las arcas públicas. En consecuencia, la principal preocupación de los políticos debería ser gestionarlo con cordura. Ojalá este chasco le sirva al presidente autonómico, y a todo su Gabinete, para no hacer propuestas tan alegres en el futuro. Aunque lo dudo.
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