Una reflexión económica

AUNQUE EL PP está estas semanas absorto en sus reflexiones introspectivas, el ex ministro Montoro, cercano a Rodrigo Rato y cuya portavocía en materia económica ha sido más o menos confirmada, ha tenido a bien iniciar una inclemente crítica al Gobierno por la crisis económica que estamos padeciendo, y a la que -bien es verdad- la mayoría socialista trató de restar importancia durante la pasada campaña electoral.

La labor de la oposición consiste en oponerse, como es natural, y para ello las minorías están incluso facultadas a incurrir en la sobreactuación y en el sofisma. Pero ante la adversidad que nos acucia, que amenaza nuestros niveles de bienestar y que generará sin duda dificultades a muchos españoles, parece obligado, tras una reflexión cabal, mantener el discurso político en unos cauces constructivos que, cuando menos, no susciten irritación en la opinión pública.

El dibujo de nuestra realidad, muy simplificadamente, es éste: los problemas suscitados en los Estados Unidos por las ya famosas hipotecas "subprime" han puesto en crisis todo el sistema financiero internacional. Además, han surgido nuevos y preocupantes desequilibrios como la subida imparable del precio del petróleo o de ciertos alimentos, en parte a causa del cultivo de nuevos productos destinados a biocombustibles, en parte por la aparición de movimientos especulativos relacionados con las materias primas.

En nuestro país, esta coyuntura ha coincidido con el pinchazo previsible de la burbuja inmobiliaria. El intenso movimiento especulativo en torno a la vivienda y su conversión en un rentable activo financiero, todo ello unido a la facilidad del crédito, llegó a disparar los precios hasta más allá de lo razonable, de forma que, apenas asomó la crisis en el horizonte, la demanda se ha detenido súbitamente. Hoy hay en nuestro país entre medio millón y un millón de viviendas vacías sin vender, lo cual, unido a la falta de liquidez, ha situado en una posición difícil a las constructoras, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que no tenían diversificada su actividad. De cualquier modo, al detenerse la construcción, se ha dañado prácticamente toda la actividad económica. Las cifras del paro son el resumen expresivo del grave problema.

Así las cosas, y dada la urgente necesidad de minimizar el daño, quizá no tenga mucho sentido exigir ahora responsabilidades por lo que está ocurriendo. Y si alguien desde el arco parlamentario tuviera la tentación de hacerlo, debería ser muy cuidadoso para no ofender a la inteligencia de los ciudadanos. Porque aquí, desde 1995, hemos entrado en un camino de ortodoxia económica -y de crecimiento ininterrumpido- que ha permanecido ajeno a las alternancias. Solbes le dejó a Rato una buena herencia en 1996 y éste hizo lo propio con aquél en 2004. Populares y socialistas han asistido con la misma indiferencia al sobrecalentamiento de la construcción, seguros ambos de que el fenómeno aterrizaría pacíficamente, lo que quizá hubiera sucedido de no haber mediado una inquietante crisis internacional. Y en cuanto a ésta, parece obvio que somos sencillamente víctimas de los efectos perversos de una ambivalente globalización, que si bien tiene indiscutibles consecuencias positivas, también da destructivos coletazos de vez en cuando.

En definitiva, aunque siempre se puede hacer más en política (y en economía), y aunque la crítica es el necesario acicate para que quien tiene el poder lo ejerza con puntualidad y eficacia, no es cierta la tesis de que, ante las actuales circunstancias adversas, se pueden practicar diversas políticas. En una economía como la española, inserta en el marco europeo (afortunadamente), no cabe más que utilizar las recetas habituales para luchar contra la adversidad. Ni siquiera es preciso un gran acuerdo social del estilo de los pactos de la Moncloa por la sencilla razón de que los agentes sociales, que desde hace tiempo están integrados en el sistema, están tan interesados como los actores políticos y como la ciudadanía en general en que consigamos remontar la situación sin tener que pasar por una fase recesiva, es decir, por una etapa de crecimientos negativos.

Sí sería conveniente en cambio que poder y oposición, PP y PSOE, alcanzaran, además de cierta complicidad intelectual en los diagnósticos y en las terapias (complicidad que ya parece existir, pese a las apariencias), ciertos acuerdos sobre cuestiones indirectamente conectadas con la crisis, como la inmigración o la gestión del Pacto de Toledo para que el sistema de pensiones mantenga plenamente su viabilidad a medio y largo plazo. En definitiva, aunque pueda entenderse el guirigay, la opinión pública sabe perfectamente lo que ocurre, atribuye correctamente las responsabilidades y agradecerá en sus políticos algunas dosis de sentido común.