JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.
"Nos preocupa el tipo de análisis que pueda surgir y nos sorprende que no se haya contado con los profesionales del ramo, cuando quien sabe lo que cuesta cada tramo somos nosotros", asegura el secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican), Alonso Fernández, al ser preguntado por el inicio de los trabajos por parte del Gobierno autónomo para analizar los precios de consumo en el Archipiélago. Los distribuidores, al igual que los importadores y los agricultores, reclaman participación en un estudio que, según recalcan, debería tener vocación de permanencia.
Fernández explica que las medidas que propone el Ejecutivo para hacer frente a la coyuntura actual y dinamizar la economía, entre las que propone medidas correctoras de la inflación tras realizar un seguimiento del comportamiento de los precios, "son correctas". Sin embargo, cree que se corre el peligro de no evaluar correctamente "la cadena de valor".
El secretario general de Asuican insiste en que "estos análisis van bien para transparentar, pero en ellos deben incluirse otras actividades; si no, lo que va a salir es incompleto", agregó, reconociendo que "el objetivo del cañón" se dirige a importadores y distribuidores. Por ello, reclama precaución a la hora de encarar y dar publicidad a estos estudios: "si no se cuenta con todos los eslabones de la cadena no se va a llegar a ninguna conclusión, pero se puede confundir a la opinión pública".
Uno de los focos de confusión lo generan las subvenciones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA). Para el portavoz técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), Manuel Redondo, el que éste sea uno de los factores clave dentro de los trabajos de la Consejería autonómica de Economía y Hacienda "implica que se reconoce que los controles que exige la propia Ley del REA no están funcionando".
Redondo asegura que "en algunos productos el precio es mayor que en otras zonas, sobre todo los de la carne", y que esto es sintomático de que las ayudas del REA están fallando. El secretario general de Asuican, sin embargo, discrepa. "Por cuestiones estructurales Canarias debería ser más cara, pero lo cierto es que alimentos básicos como el pollo, la leche o los huevos son más baratos", y es así gracias a que las subvenciones "se aplican al 100%", asevera.
Los importadores lo corroboran. El presidente de la patronal Adican, Francisco Gómez, asegura que descuentan las ayudas de los precios a los que venden, pero que, aparte, hay otro tipo de gastos que repercutir. En este sentido, argumenta que, tal vez, el Gobierno canario "debería preocuparse más de conseguir que el transporte de mercancías fuera gratis" que de vigilar el cumplimiento de la Ley del REA. Gómez reivindica la libertad comercial, "contra la que el Ejecutivo no tiene potestad".
También los industriales, que se benefician de la ayuda a la importación de materias primas, dejan claro que ésta "se ha repercutido siempre en la elaboración del producto", según el gerente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Víctor Portugués, quien se remite al mero instinto de superviviencia en el mercado de los productores locales para justificar el escrupuloso cumplimiento de una norma que les permite competir con la producción foránea.
En la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Santa Cruz de Tenerife (Asaga), pese a sostener que donde menos debe haber dudas es en el REA, sí creen que las demoras en la entrega de algunas ayudas destinadas al consumidor hace que éstas terminen repercutiendo en los balances como un "ingreso extra".
Su presidente, Henry Sicilia, al igual que industriales, importadores y distribuidores, aspira a colaborar en el seguimiento de los precios de consumo, si bien vincula su éxito a su continuidad y permanencia en el tiempo. Con un observatorio solvente se podría actuar, sostiene, contra "los abusos de poder de la gran distribución y las grandes diferencias entre los costes de producción y de venta al público" en las Islas.
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