Empieza la normalidad

Decididamente, la crisis del Partido Popular no da tanto de sí como para que el Gobierno pueda quedar indefinidamente a salvo de la mirada de la opinión pública. Además, eso tan incómodo que es la realidad se obstina en producir novedades no siempre gratas para los que disfrutan del poder (y del Presupuesto público), y esta semana ha sido, ciertamente, un ejemplo bien elocuente: un barco pesquero español ha sido secuestrado en el Océano Índico, en aguas territoriales de Somalia, al Este de África; las dos mociones presentadas por el PSOE vasco y el PNV en Mondragón y Hernani se han revelado como otros tantos paripés para mantener a las dos alcaldesas de ANV en sus cargos fingiendo que se las reprobaba enérgicamente; y, sobre todo, los datos económicos dados a conocer oficialmente muestran que la crisis que el Gobierno sigue obstinándose en negar es más aguda y violenta de lo que preveían los más pesimistas.

Tal vez por esta acumulación de malas noticias, el Gobierno ha pretendido desviar la atención prestando oídos a un curioso infundio propalado por una cadena radiofónica progubernamental, según el cual los capellanes de los hospitales públicos madrileños, al pertenecer a los comités deontológicos, tendrían poder para determinar los actos médicos en materia de sedación, aborto y otras materias sensibles y polémicas. Pese al desmentido terminante hecho por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que calificó de "mentira" y "falsedad" la presunta información, la vicepresidente del Gobierno anunció que se han dado instrucciones al Ministerio Fiscal para que investigue el caso; como muestra de confianza hacia el PP no está mal esta reacción, que otorga más credibilidad a la emisora amiga que a una declaración formal del PP desmintiéndola, aunque cabría también interpretar la actitud de la señora Fernández de la Vega como la propia de quien no sabe distinguir la verdad de la mentira, o de quien no duda en mentir si eso le conviene y cree que eso mismo les ocurre a todos.

La crisis

El paro ha experimentado en el primer trimestre del año un aumento alarmante; la mitad del superávit presupuestario del ejercicio anterior ya ha sido devorada por las más perentorias necesidades del gasto que llaman social; la morosidad hipotecaria ya supera el 2 por ciento, cifra inquietante; la inflación sobrepasa ya ampliamente el 4 por ciento; la actividad económica experimenta una ralentización visible en sectores expresivos, como la matriculación de vehículos o los niveles de consumo del sector privado. Estamos ante una crisis, como suele decirse, de caballo, tanto por su magnitud como por la velocidad con que se manifiesta, y las perspectivas no son nada halagüeñas.

El vicepresidente Solbes, ante este diluvio de pésimos indicadores, no ha tenido más remedio que corregir su previsión de crecimiento económico para 2008 nada menos que del 3,1 al 2,3; pero, eso sí, continúa negando que haya ninguna crisis, y persiste en hacer pronósticos de cuento de hadas para el futuro, que esta vez ya no sitúa en 2009, sino en 2010, acaso como consecuencia de un ataque súbito de vergüenza torera. Un portavoz gubernamental, por su parte, se ha precipitado a anunciar que todo el gasto llamado social se mantendrá sin rebajar un céntimo; lo que no ha dicho es de dónde sacará el dinero para costearlo.

Vienen, pues, tiempos de déficit, que no es para el Gobierno, sino para todos los ciudadanos contribuyentes, pues, como es bien sabido, el dinero público no es sino el dinero de la gente extraído coactivamente de sus bolsillos por el poder. Esto quiere decir que el déficit que ahora se vaya a generar no lo pagará el señor Solbes, sino todos nosotros.

Indecisiones

Otro grano que le ha salido al Gobierno ha sido el secuestro del atunero "Playa de Bakio", perpetrado por una banda de piratas que pide, bajo amenaza de muerte de los rehenes, una muy abultada cantidad de dinero. El Gobierno ha tomado hasta ahora tres medidas: enviar a nuestros diplomáticos a dialogar con las autoridades somalíes (en el caso de que las encuentre, pues Somalia es un Estado deshecho), acudir a la ONU en demanda de una condena enérgica de la piratería, y enviar a las aguas de Somalia a una fragata.

Ninguna de estas tres cosas va a servir para nada. Las autoridades de Somalia son perfectamente incapaces de hacer nada útil en este asunto; las condenas de la ONU son un puro flatus vocis, y todos saben -y los piratas, también- que la fragata no disparará un solo cañonazo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, sencillamente, no sabe qué hacer.

Y no es ésta la única ocasión en que la indecisión se ha hecho patente estos días: el viernes por la tarde las autoridades sanitarias sembraron la alarma recomendando que no se consuma aceite de girasol, pues se ha detectado una partida, procedente de Ucrania, de aceite contaminado con aceites minerales. Pero, al mismo tiempo, junto a esta recomendación, se nos ha dicho que la salud de los que consuman este aceite no está en riesgo. He aquí en qué manos estamos.

Ha empezado la normalidad. Todavía no se manifiesta en todo su esplendor, pues el flamante Ministerio de Igualdad aún no nos ha empezado a deparar las emociones fuertes que sin duda nos tiene reservadas, y otros ministros, como los titulares de Justicia y Educación, por ejemplo, siguen silenciosos. Así se nos presenta el panorama, que por lo demás era bien previsible en cuanto se conoció la composición del Gabinete, o incluso desde que se supieron los resultados electorales. Tenemos, pues, exactamente lo que hemos querido tener. Por una vez, Rodríguez Zapatero no ha engañado. Todos sabíamos ya, con la experiencia de los últimos cuatro años, lo que era capaz de dar de sí. Ahora toca recoger la cosecha de lo que hemos sembrado en las urnas.