Una nueva situación política

MIENTRAS EL GOBIERNO central disfruta de sus "días de gracia", el PP examina lo que ha hecho mal en la pasada legislatura. Y aquí en Canarias el Gobierno regional lanza una huida hacia delante, al comprobar que el nacionalismo moderado que representa está siendo desbordado desde sus propias filas, con declaraciones como las que dieron lugar esta semana, en el Parlamento Canario, a la pregunta del PSC-PSOE a Paulino Rivero pidiéndole su opinión sobre la propuesta de que Canarias sea un Estado Libre Asociado, como habían planteado, en sendas declaraciones, algunos dirigentes de (CC), entre ellos el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y el presidente del Cabildo de El Hierro.

Rivero no desautorizó a sus correligionarios. Al contrario, sin sumarse nominalmente a ellos, sí exigió al Gobierno central que Canarias tenga un estatus especial en el conjunto del Estado español, que incluya un mayor ámbito competencial y un reconocimiento singular como lo tiene en la UE, y que sea diferente al que disfrutan vascos y catalanes dentro de España. Por el momento, Rivero solicita la transferencia de algunas competencias más, como la delimitación de las aguas archipielágicas, el control de puertos y aeropuertos y las relaciones con los países del entorno.

Y añadió una advertencia a los socialistas que le habían interpelado: "más vale ser humo que ser fuego que se puede quemar", al tiempo que recordó a los socialistas que, si Canarias no profundiza en el autogobierno "y se sigue alimentando un sentimiento de marginación, los culpales -dijo- tienen nombre y apellidos: el partido socialista".

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La respuesta del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola fue la habitual descalificación del adversario, cuando tachó a CC de que, en treinta años de democracia, su pseudonacionalismo no ha sido ni reconocido ni respetado por los otros nacionalismos independentistas de España, porque "la seña de identidad de CC -dijo- ha sido su mercantilismo presupuestario en el contexto nacional". Bastante duro por cierto.

Este debate pone de nuevo sobre el tapete la necesidad de que el Parlamento canario plantee otro proyecto de Estatuto para que sea el primero que se registre en las Cortes en la nueva Legislatura. Y aunque se suele decir que no le interesa a la calle, sus efectos sí que tocan a todos los canarios porque es el gran marco legal por el que se desarrolla toda la vida de Canarias. Parece que existe un clima de menos crispación que el que propiciaba el anterior portavoz del PSC, López Aguilar, pero lo cierto es que la mano tendida de Rivero aún no ha sido aceptada por el PSC, ni el PSOE, porque todos están pendientes de a ver cuándo termina de parir el Tribunal Constitucional su sentencia sobre el estado catalán. De ello está pendiente la reordenación territorial del Estado. Son días de reestructuraciones y de cambios, los que vive la sociedad española, como consecuencia de las últimas elecciones generales.

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Dictada sentencia por el Tribunal Constitucional, será el momento de reenviar a las Cortes el proyecto de nuevo Estatuto para Canarias, no tan polarizado por el PSC con la Ley Electoral. En ese debate habrán de darse respuestas a los órdagos como la propuesta de "Estado Libre Asociado". Sacarlo ahora puede ser una buena argucia para tapar los problemas de gestión del Gobierno canario sobre las prioridades de cada día, como son las del paro, la sanidad, la educación, las infraestructuras y la búsqueda de una alternativa al monocultivo del turismo, que tiene sus días contados si no lo cuidamos. Pero todo eso no se soluciona con subsidios, como el bono escolar, el bono de emancipación, el bono del pago de la subida de la hipoteca, etc, etc. Todo eso tapa agujeros a algunas familias y puede que fidelice el voto de otras, como lo tienen amartillado los demás partidos nacionalistas en sus respectivas regiones, y los socialistas en aquellas que controlan ya décadas, como Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.

Pero nada de ello hace país, no construye esa España unida y plural que todos pregonan y ninguno practica, sino que profundiza la España de las desigualdades entre españoles.

El otro debate de estos días, Pepe Ignacio, es el de que en lugar de controlar la oposición al Gobierno, es este quien controla a la oposición. Esperemos que concluya con el Congreso del PP en Valencia, en junio, que será cuando se cumplan los más o menos cien días de gracia a que todo Gobierno tiene derecho.

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El sistema de elección de compromisarios que se instaló en el Congreso de la refundación del PP que tuvo lugar en Sevilla, Pepe Ignacio, no funciona para un partido de más de 700.000 afiliados que viene manteniendo un porcentaje de votos de más de 10 millones de españoles, a lo largo de cuatro legislaturas. Hay otras generaciones. Y las baronías tienen excesiva influencia. El número de compromisarios debería ser en función a los militantes y a la población susceptible de ser representada. No puede ser que Madrid tenga menos compromisarios que Valencia, por ejemplo.

Hace bien Rajoy dedicando los "días de gracia" del Gobierno a reestructurar su partido. Pero debería practicar menos el baile de la yenka. Hoy amago en Elche, mañana rectifico. Esperanza Aguirre es la Hilary española, salvando las distancias. Desde que fue la concejal y la senadora por Madrid más votada no ha dejado de ganar elecciones por mayoría absoluta. Tiene un programa, un equipo, y una ideología -la liberal y la de la defensa de los valores de España- que otros barones y dirigentes del PP no formulan con la misma contundencia. En el PP caben todos -dice Rajoy- liberales, democristianos y nacionalistas españoles como él mismo se denomina. Incluso oportunistas socialdemócratas, procedentes del fraguismo, como el alcalde de Madrid. Pues que se demuestre en el Congreso, que haya debate entre esa suma de ideologías y que se vote a un candidato que conduzca al PP con democracia interna y mano de hierro. Porque eso es lo que dicen que quieren los militantes que se quejan estos días de las descalificaciones que se producen entre Rajoy y los barones.

Y por qué no, Pepe Ignacio, ¿unas primarias para elegir al candidato a la Presidencia? ¿Quién lo impide? Ya se acabó el tiempo del gran dedo designador. No hay más legitimidad que la de los votos. El debate interno en la oposición, aunque sea una ocasión para que el Gobierno oculte sus problemas de gestión a los españoles, no va a resolver esos problemas de la crisis económica con la que Solbes no sabe qué hacer. Si sigue con los parches, la crisis será mucho más grave en asentado, para hacer frente a los problemas que supone el "cambio de régimen" que quiere seguir implantando Zapatero, sin dar voz explícita a los españoles sobre ese cambio. Y el PP podrá entonces llevar un panel de soluciones a los graves problemas económicos y sociales que están eliminando la igualdad y el Estado de Derecho entre españoles, según la autonomía donde residan.