Un mal ejemplo en tiempos de crisis económica

La reciente subida de sueldos de los diputados del Parlamento de Canarias, mediante la introducción de una paga extraordinaria de más de 4.000 euros, ha generado un intenso debate social, derivado, principalmente, del momento -en el inicio de un proceso de desaceleración económica- en que se ha adoptado la medida.

Representantes de diversos sectores sociales se dieron cita en las instalaciones de EL DÍA para ofrecer su punto de vista sobre esta polémica. Se trata de Raúl Alonso, secretario general de la Organización de Consumidores y Usuarios en Tenerife; Jesús Caballero, de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT; el empresario Francisco Pérez Pescoso; el secretario de la Confederación Canaria de Asociaciones de Vecinos (Concave), Luis Febles, y la portavoz de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), Yasmina Hernández. Los cinco, pese a discrepar en los matices, llegaron a una conclusión similar: la labor de representar a los ciudadanos debe contar con una remuneración digna y suficiente, pero también ajustarse a criterios de austeridad, y más aún en tiempos difíciles para la economía. Además, decisiones como ésta contribuyen a hacer más profunda la brecha que separa el Parlamento de la ciudadanía.

Abrió el debate Luis Febles, quien planteó, a modo de introducción, una serie de interrogantes: "¿Cuánto cuesta mantener a los diputados en todo un año? ¿Qué rentabilidad sacamos los vecinos de su labor? ¿Por qué existen diferencias tan abismales entre comunidades autónomas? ¿Pasan penurias los diputados para llegar a fin de mes?".

A juicio del dirigente vecinal, los canarios "tenemos lo que nos merecemos". Febles detalló que, pese a que el coste de la vida crece un 3,1%, el presidente del Parlamento eleva sus emolumentos en un 5,4%, y los portavoces de los grupos en un 6,19%.

Para el empresario Francisco Pérez Pescoso, esta subida de salarios resulta una contradicción con el mensaje lanzado al sector. "Nos dijeron que moderáramos los sueldos para contener la inflación, y ahora acuerdan una subida por encima del IPC", comentó Pérez Pescoso, quien estableció un paralelismo con el caso de los funcionarios. "Les congelaron los salarios y luego ellos se los subieron", recordó. Pérez también puso sobre la mesa una serie de dudas: "¿Es que para los políticos no hay inflación? ¿La política es un servicio o una profesión?".

Por su parte, Raúl Alonso empezó su intervención reconociendo que "el mantenimiento de la democracia tiene un coste; el sistema parlamentario es, lógicamente, más caro que el dictatorial. Tenemos que asumirlo". Sin embargo, precisó que a los políticos "se les debe exigir transparencia, honestidad y coherencia". El secretario general de la Organización de Consumidores y Usuarios coincidió con el representante de los empresarios en que la medida adoptada por los parlamentarios regionales "no es congruente" con el mensaje de moderación salarial enviado "desde las grandes patronales en coordinación con las instituciones".

Según Alonso, "el momento en el que se hacen las cosas" también reviste su importancia. Así, explicó, no es lo mismo en tiempos de bonanza económica que ahora, cuando la dependencia de Canarias de los sectores más débiles puede generar más problemas.

La comparación con otros parlamentos autonómicos, uno de los argumentos esgrimidos por la Cámara regional para justificar el aumento salarial, no convence a Raúl Alonso, puesto que en algunas de estas comunidades la renta per cápita también es mayor que en el Archipiélago. El representante de los consumidores recuerda que, al contrario que los diputados, los trabajadores "no pueden votar el salario que se ponen". Por ello, considera que "hay que ser muy pudoroso cuando uno se sube el sueldo con el dinero de otros". En esta línea, Alonso teme que hechos como éste, unidos a otros como la simultaneidad de cargos políticos, profundicen en el "descrédito" de las instituciones y contribuyan a "aislar" el sistema parlamentario de la realidad de los ciudadanos.

La dificultad de articular medidas legales que permitan regular los honorarios de los diputados fue abordada por Jesús Caballero, de FSP-UGT, quien detalló que los parlamentos dependen, en este sentido, de la Constitución -en el caso de las Cortes Generales- y de los estatutos de autonomía -en el de las cámaras regionales-, por lo que sus sueldos no pueden "acotarse" por ley, como sí ocurre en otras instituciones.

Negociación colectiva

El sindicalista indicó que, cuando los trabajadores pretenden que se les aumenten los salarios, deben recurrir a la negociación colectiva y, si ésta no fructifica, han de "funcionar a golpe de huelga", mientras que los diputados "se autorregulan". Según Caballero, "quien tiene capacidad para cambiar esto, modificando la legislación, es el ciudadano. Esperar una autorregulación es utópico".

En consonancia con sus compañeros de debate, el representante de UGT cree que "ha fallado el sentido de la oportunidad", y que "el ciudadano no ve con buenos ojos" esta subida de sueldos, pese a que, reconoció, es "lícita y legítima".

Por su parte, la portavoz de AMEC, Yasmina Hernández, expresó su postura crítica con la "democracia representativa", en la que "los políticos pueden ponerse de acuerdo y hacer prácticamente lo que quieran". En este sentido, lamentó que los políticos canarios se hayan encerrado en una "burbuja" y "no estén dispuestos a sacrificar su nivel de vida en momentos de crisis". Esto, a juicio de Hernández, conduce a un sentimiento de "frustración" entre los ciudadanos, que ya "ni siquiera quieren hablar de política".

Una vez estuvo claro el rechazo a la medida, llegó el momento de dilucidar una cuestión fundamental: ¿Cuánto deben cobrar los diputados? La norma habla de unas retribuciones que les permitan desempeñar digna y eficazmente sus funciones, pero la traducción en cifras de este concepto resulta difícil de concretar. Así, Raúl Alonso señaló que quienes opten por asumir responsabilidades públicas no deben perder poder adquisitivo, por lo que sugirió que se podrían establecer como límites los sueldos que ganaban anteriormente. Otros asistentes al debate, por el contrario, se mostraron escépticos respecto a esta posibilidad en cuanto podría acarrear agravios comparativos. No obstante, el representante de los consumidores sostuvo que los parlamentarios perciben "sueldos magníficos" pero, paradójicamente, cuentan con "medios manifiestamente mejorables".

Por su parte, Francisco Pérez Pescoso propone que se elabore una escala que parta del presidente del Gobierno español y que evite situaciones tan poco entendibles como que un presidente autonómico cobre más que el jefe del Ejecutivo central. Jesús Caballero insistió en la necesidad de reformar las leyes y hasta la propia Constitución para garantizar un "sistema de controles y contrapesos", ya que a los parlamentos "nadie los controla". La representante de la AMEC se mostró partidaria de "un sueldo digno", no muy alejado de la media de los ciudadanos, de forma que el Parlamento no se distancie de la realidad social. Luis Febles, finalmente, reiteró que, más allá de lo que cobren, a los diputados se les pueda exigir resultados y contraprestaciones.

Texto: M. Gómez y O. González Fotos: María Pisaca