M.G., S/C de Tenerife
El Parlamento regional debatirá la propuesta de Coalición Canaria y Partido Popular para evitar el derribo de determinados núcleos del litoral canario por la interpretación "tortuosa" de la Ley de Costas que, a juicio de ambos grupos, realiza el Gobierno central y que supone un "ensañamiento" contra las familias que residen en estas áreas. Entre otras medidas, CC y PP pretenden crear un censo de edificaciones situadas en el dominio público marítimo-terrestre con valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco que pudieran acogerse a las concesiones administrativas por treinta años que contempla la norma nacional.
Nacionalistas y populares unieron ayer sus votos para conseguir que la Cámara aceptara la toma en consideración de esta proposición de ley, a la que el Partido Socialista se opone al entender que excede las competencias de la Comunidad Autónoma.
La iniciativa legislativa de los grupos que sustentan el Gobierno busca modificar el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales para salvaguardar asentamientos "con suficiente categoría para ser protegidos" y cuya existencia es anterior a la Ley de Costas. El presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, explicó que el objetivo de la propuesta no es "apoyar la indisciplina urbanística ni el chabolismo", sino "atender a la situación singular de una serie de ciudadanos".
La intención de los socios de gobierno es que, a efectos de la aplicación de la Ley de Costas, se consideren áreas urbanas aquellas que, pese a no estar catalogadas como tales, cuenten con acceso rodado, abastecimiento de aguas y suministro eléctrico; incluyan terrenos consolidados por la edificación en al menos dos terceras partes de su superficie, en el caso de los municipios con planeamiento aprobado; o comprendan suelo consolidado por edificación en al menos la mitad de su extensión, en el caso de las localidades sin plan general en vigor.
Asimismo, nacionalistas y populares quieren que la Comunidad Autónoma, o la administración urbanística actuante, fije el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.
En cuanto al censo de construcciones con valores etnográficos, deberá confeccionarlo la consejería competente en la ordenación territorial. La inclusión en este registro requerirá el compromiso del titular de instalar los servicios urbanísticos precisos, especialmente los relativos a la evacuación de aguas residuales.
Orgullosos
"Nadie puede estar orgulloso", lamentó la parlamentaria del Partido Popular Cristina Tavío, quien reconoció que, además del Ejecutivo central, "otros gobiernos" canarios han hecho dejación de sus competencias en materia de asentamientos costeros. No obstante, advirtió, esta situación "no la pueden pagar quienes llevan más de 20 años pagando luz y agua y tienen sus derechos reconocidos por los planes generales y las normas subsidiarias municipales".
Según Tavío, desde la llegada al poder del Partido Socialista se ha hecho una interpretación "tortuosa" de la Ley de Costas. Asimismo, acusó al director de este departamento, José Fernández, de negar al Gobierno canario y los ayuntamientos la facultad de catalogación de suelo. "Con un poquito de talante hubiera bastado", ironizó la diputada popular.
El PSC-PSOE argumentó su rechazo a la proposición de ley en la "competencia exclusiva" del Estado en materia de costas. A juicio del diputado socialista Manuel Fajardo, nacionalistas y populares pretenden que el Ejecutivo autónomo invada la legislación básica del Estado. En este sentido, alertó de que dejar esta cuestión en manos del Gobierno regional equivaldría a "dejar las gallinas al cuidado de la zorra" y originaría otra "confrontación" con el Ejecutivo central.
Fajardo celebró que Tavío admitiera la "corresponsabilidad" del Gobierno canario en la situación de los núcleos del litoral del Archipiélago, y la acusó de "hacer demagogia con el dolor y las preocupaciones de las personas".
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