Los acusados de Gestoras sostienen que los derechos básicos no se pueden juzgar

EFE, San Sebastián

Los acusados en el juicio a las Gestoras pro Amnistía explicaron ayer que decidieron renunciar a sus defensas jurídicas al estar convencidos de que la sentencia condenatoria contra ellos "ya está escrita" y de que "los derechos democráticos básicos no se pueden nunca fiscalizar en un tribunal".

Dieciocho de los 27 acusados en este proceso, en el que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de diez años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista ETA, ofrecieron ayer una rueda de prensa en San Sebastián para aclarar su decisión de renunciar a su derecho a la defensa, una determinación "muy meditada", según indicó Julen Larrinaga.

Dentro de su objetivo de "levantar un muro contra la represión", han decidido hacerlo con "pasos concretos" y esta renuncia a la defensa es uno de ellos, con el que quieren mostrar su "convicción total" de que el movimiento pro amnistía va a ser condenado en este proceso y de que los derechos democráticos básicos como el de reunión, asociación o movilización no pueden ser juzgados en un tribunal.

"Pensamos que esa batalla ya está ganada en Euskal Herria", donde hay "una convicción mayoritaria de que la Audiencia Nacional actúa por impulsos políticos y es un brazo más de la apuesta represiva del Estado", añadió Larrinaga, quien explicó que ahora quieren poner de relieve que el debate no debe girar en torno a si la asociación de apoyo a los presos de ETA Askatasuna es legal o ilegal, "sino que lo ilegal es la represión".

Sentados ante una mesa en la que figuraba la fotografía de Maite López de Heredia, la única procesada en este caso que está presa, los acusados matizaron que su renuncia a la defensa no significa que no vayan a "denunciar políticamente a dicho tribunal" ni a presentar como testigos a "represaliados y a sus familiares" para que relaten sus respectivos casos.