L. CARRASCOSA, Tenerife
El próximo Consejo de Administración del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no dejará indiferente a nadie. El martes 29 de abril, además de tratar un tema tan polémico como la orden de iniciar acciones legales contra los que hayan injuriado y/o calumniado al HUC y a su servicio de cirugía cardíaca, se pondrá sobre la mesa "la propuesta de integración del Consorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio Canario de Salud". Es el punto siete del orden del día y los representantes de los trabajadores no caben en su asombro.
Abel Ramos, representante de UGT en el Comité de Empresa, reconoce que esta integración debe llevarse a cabo, según acuerdos anteriores, antes del 1 de enero de 2009, pero subraya que esta integración debe negociarse con los representantes de los trabajadores.
"Ahora mismo estamos negociando el convenio colectivo", explica, lo que es incompatible con la negociación, al mismo tiempo, de la propuesta de integración. Ramos valora que el Consorcio se negará a ceder en el nuevo convenio y los empleados se verán perjudicados. Los trabajadores del HUC son personal laboral, lo que quiere decir que se rigen por un convenio colectivo, y los trabajadores del SCS son estatutarios, esto es, que están sometidos a un estatuto marco que se negocia en la mesa sectorial de Sanidad.
La indignación de UGT viene dada porque deberían tener cerrado primero el convenio colectivo para que el personal del HUC tenga asegurado su futuro.
Guillermo de la Barreda, representante de UGT y miembro del Comité de Empresa, explica que el Estatuto del Consorcio recoge que en su disolución los trabajadores del mismo se dividirían en dos grupos, los que estaban empleados antes del 2000, que volverían a depender del Cabildo, y los de después de 2000, que pertenecerían "al nuevo ente".
De la Barreda comenta que "el gran colectivo de interinos y eventuales, cerca del 50% de los trabajadores del HUC, irían a la calle". Para estos empleados existe un vacío legal, una imprevisión de su futuro que sólo se podría solucionar con la negociación de un convenio colectivo que garantizara su situación. Porque todos estos trabajadores, "que han pasado unas pruebas, que algunos llevan hasta siete años, irían a la cola de las listas del SCS".
Además, desde UGT se recuerda que el director del SCS, Guillermo Martinón, y el gerente del HUC, Ignacio López, llegaron a un acuerdo con los trabajadores en este sentido el 15 de noviembre de 2007.
Los empleados del HUC habían convocado una huelga para el 22 de noviembre que finalmente fue desconvocada tras una batería de compromisos del SCS. El primero de ellos rezaba que Sanidad prometía "garantizar que el proceso para la consecución de la plena integración del Consorcio Sanitario de Tenerife en el seno del SCS deberá ir precedido de una fase de negociación con los representantes legales de los trabajadores, donde se abordarán cuantas presiones concernientes a sus derechos laborales y profesionales pudieran ser por ellos planteadas".
El cuarto y último punto del acuerdo también recogía el compromiso del SCS para "que en el proceso de integración se respeten los derechos y condiciones laborales en los términos establecidos por la legislación vigente".
"Han faltado a su palabra", concluye Guillermo de la Barreda, que apunta que con "el Estatuto del Consorcio, tal y como está, se crea una indefensión para todos sus trabajadores".
En UGT dan vueltas y vueltas al enunciado del punto siete del próximo consejo de Administración, pero por ningún lado aparece la palabra "negociación" ni "borrador", como si la decisión estuviera ya tomada sin contar con los trabajadores. De hecho, Guillermo de la Barreda asegura que el enunciado del epígrafe fue cambiado, que en principio era simplemente "disolución del Consorcio".
UGT tiene voz, pero no voto en el Consejo de Administración.
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