Contradicciones y malos ejemplos

DÍAS PASADOS me ocupé en esta columna de la guerra declarada por el Ayuntamiento de Santa Cruz a las terrazas de la ciudad, que llaman así a los espacios públicos ocupados con sillas, mesas y algunos adornos, para utilizarlos como parte del servicio de los bares y restaurantes establecidos en varios lugares de la población: la corporación municipal manda retirar del espacio público estas terrazas como sanción por el incumplimiento de lo que señala la norma establecida. Ya fueron cerradas terrazas de establecimientos situados en la calle de La Noria y en el Parque Bulevar. Pero el concejal de Serguridad, señor Plasencia, declaró que seguirían las inspecciones de los negocios por si no estaban cumpliendo lo ordenado y, al parecer, continuarían la inspección en la avenida de Anaga.

Según parece, algunas empresas han recurrido y, seguramente, formalizado los trámites para su autorización, por lo que esperan el permiso para abrir. Es curioso que, al igual que la mayoría de los sindicatos realizan sus movilizaciones cuando más perjudican a la población, a los comerciantes y a otras empresas -como en la época de Navidad, Semana Santa y otras fechas festivas-, el ayuntamiento aplica estos cierres en épocas movidas, como las Fiestas de Mayo, por ejemplo, cuando pudo hacerlo en otras ocasiones que causaran menos perjuicios.

Los empresarios acusan al ayuntamiento de "asesinar al ocio y a la restauración", dice un título de este periódico. Y un servidor añade que esos cierres, que significan pérdidas considerables para los dueños y para los que trabajan en esas terrazas, les llegan cuando es mayor y menos esperanzadora de solución del paro, que es uno de los peores que, en mucho tiempo, se produce en el mundo laboral canario. Estamos en una crisis económica que sufre la nación y que se está experiementando fuera de nuestras fronteras. Además, para favorecer a los que más sufren en el terreno económico, el Gobierno de Canarias, por boca del consejero de Economía, que es don José Manuel Soria, dice en el Parlamento regional que el Gobierno modulará la liberalización comercial que señala la UE sin recortarla. O sea, el Gobierno autónomo, por consenso de todos los grupos parlamentarios, subraya que la finalidad de la Directiva Europea de la Liberalización de los Servicios, que incluye la actividad comercial, va en interés de los consumidores más que de los empresarios. Y añade Soria, en la Cámara Legislativa, que "las excepciones serán mínimas y no habrá vericuetos para evitar su aplicación". Pero estas palabras de Soria, que habla en representación del Gobierno, se contradicen con el cierre de las terrazas que afecta a consumidores y empresarios por igual, impuesta por el ayuntamiento. Se contradice con la acción municipal, que no puede ser más inoportuna.