EL GOBIERNO central acaba de aprobar once medidas con las que pretende ayudar a superar el bache de dos años que se vaticina en la economía mundial y cuyas primeras víctimas están siendo desde hace tiempo las familias (sobre todo las endeudadas) y las pequeñas empresas. La mayoría de esas soluciones ya estaban anunciadas hace tiempo, tanto como el que ha pasado desde la campaña electoral. Por tanto, esa cifra redonda que ha facilitado el ministro Solbes de 10.000 millones de euros no es una aportación nueva, sino la suma de todo lo que se ha venido desgranando desde hace semanas.
La medida, digamos, más popular del paquete será, sin duda, la del descuento de 400 euros en el pago del IRPF, aunque también afectará a muchas familias -las más agobiadas y previa negociación con las entidades financieras- la supresión de gastos si se quiere alargar la vida de la hipoteca para hacer más llevadero el pago de las cuotas mensuales. No parece que vayan a ser tan efectivas para una generalidad de la población la desaparición del impuesto de patrimonio, los estímulos económicos a la movilidad laboral o las desgravaciones fiscales a las empresas que se dedican a rehabilitar viviendas. En cambio, sí les facilitará la mera supervivencia a muchas pequeñas sociedades la devolución de IVA -por cierto, ¿se aplica la misma regla al IGIC canario- mes a mes, y no en periodos más largos, como ocurre ahora, creando problemas de liquidez.
Las medidas han sido criticadas, como es habitual en estos casos, desde diversos frentes: empresarios, oposición política e, incluso, algún sindicato. Acusaciones de insuficiente, injusticia, desenfoque o de aumento del gasto público son los defectos más repetidos, pero lo cierto es que el ciudadano agradecerá ese alivio de los 400 euros que le dejan de descontar de sus impuestos a partir de la nómina de junio. Por ahí, digamos que la popularidad de las medidas está asegurada, otra cosa es que sean efectivas de verdad para contrarrestar el enfriamiento económico y el consecuente "resfriado" para las cuentas de las familias y las empresas. Al menos, el Gobierno central ha reaccionado de forma concreta y, tal vez, a tiempo ante una crisis económica de mayores dimensiones en ciernes. Ahora, sería conveniente evaluar dentro de pocos meses la efectividad de estas ayudas, para, en caso de que no hayan servido, reforzarlas o corregirlas.
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