Esto huele mal

ÁLVARO MORALES, Pto. Cruz

Los incidentes de la tarde noche de ayer fueron el colofón a un día que se presumía tenso y en el que el gobierno local había decidido actuar con contundencia desde la mañana, tras recibir el informe que aconsejaba medidas drásticas por los riesgos que para la salud pública representaba la creciente acumulación de basura (unas 400 toneladas por recoger), aparte de la mala imagen turística y las consecuencias que una situación de este tipo tiene para la convivencia diaria de los vecinos y visitantes.

El estado de muchas calles y núcleos era tal, que el gobierno tuvo claro desde primeras horas que debía "agarrarse a la ley", siempre según su versión, y recurrir a su personal, vehículos y materiales para recoger la basura que, desde el pasado jueves, deja imágenes nada edificantes.

Antes de la reunión que mantuvo el gobierno en la tarde de ayer, en la que se decidieron las citadas y polémicas medidas, diversos ediles adelantaban a este periódico su postura. La llegada de un contundente informe desde la Consejería de Sanidad convenció de forma aplastante al equipo de gobierno de la necesidad de asumir la recogida y paliar así los riesgos para la salud que supone este tipo de huelgas, la segunda en lo que va de año.

Esos miembros del gobierno, tanto del PSOE como del PP, ratificaron lo señalado a este medio por fuentes municipales el pasado martes y negaron que la huelga esté poniendo en peligro el pacto local. Más bien ocurre lo contrario. "Si CC cree que de esta forma debilitará al gobierno, sólo conseguirá todo lo contrario", afirma un edil. De esta forma, desmienten la afirmación que, según el secretario del comité de empresa de Sufi-Tarajal, Francisco Ríos, le hizo la concejala de Personal (María Jesús Ferrer) en una conversación telefónica, en la que le avisaba de los riesgos que para el pacto tiene "esta huelga injustificada, por lo que podríamos acabar negociando con Marcos Brito".

Lejos de esa eventualidad, los ediles y personas afines del gobierno critican el uso que, según ellos, está haciendo CC de la situación y no paran de culpar al pliego de condiciones aprobado por el anterior gobierno de todo lo que está sucediendo. Tanto el edil de Medio Ambiente, Jaime Coello, como Ferrer, así como el de Policía, Domingo Yanes, y los dos miembros del gobierno del PP, Eva Navarro, responsable del servicio, y Luis Miguel Rodríguez, se personaron durante la tarde en el depósito de Playa Jardín, donde fueron increpados por los huelguistas en diversas ocasiones. Navarro, eso sí, se paró cuando ya se marchaba en su vehículo para indicarles que "ya hablarían", según algunos testigos.

Insuficientes garantías

Antes de los incidentes, diversas fuentes del gobierno insistían a EL DÍA en que se optó por la oferta que menos coste representaba para el consistorio, "pero sin suficientes garantías. Un año después, mira cómo estamos", aseguran. Eso sí, y aunque tienen claro que los trabajadores merecen unos salarios mucho más altos y dignos, creen que existe mucha precipitación, que algunos están siendo manipulados o, cuanto menos, utilizados, y que no se puede dar una fecha concreta para el abono de los retrasos y para la aplicación del preacuerdo del pasado 1 de febrero si antes no se dispone del preceptivo estudio económico financiero. Lo contrario, aseguran, sería asumir un compromiso que se debe cumplir con independencia de qué diga luego el estudio, con lo que podría producirse una situación perjudicial a la larga para el ayuntamiento.

Según estas fuentes, la empresa ha mostrado interés en resolver el conflicto y lo que debe primar es más tranquilidad y perspectiva.

Sin embargo, las insinuaciones hacia la culpabilidad de CC y alusiones a "puntos oscuros" de la concesión no han parado de sucederse y continúan en el día a día. Recientemente, por ejemplo, la edil de Personal, María Jesús Ferrer, afirmaba en una nota en nombre de la comisión del PSOE local, en el que ejerce como secretaria general, que "Marcos Brito es el gran culpable de la huelga porque vendió a los trabajadores de mala manera al hacer la concesión administrativa del Servicio Municipal de Limpieza. De aquellos lodos vienen ahora estos barros, cuyo único responsable es Brito, quien ahora intenta insultar la inteligencia de los portuenses culpando al PSOE de las consecuencias de uno los muchos chanchullos que hizo en su desgobierno".

Ferrer recordaba que "nuestro compañero, ex alcalde y entonces portavoz adjunto del Grupo Municipal del PSOE, Salvador García, denunció en su momento las irregularidades que existieron en torno a esta concesión administrativa del servicio de limpieza, cuyo pliego de condiciones restringe ahora la capacidad de maniobra del actual gobierno para solucionar este problema entre la empresa concesionaria y los trabajadores. El colmo de la desvergüenza es el intento de CC, con el fin de arañar unos cuantos votos, de responsabilizar a la alcaldesa, Lola Padrón, de esta herencia envenenada de Brito y de una huelga totalmente injusta, pues en el preacuerdo alcanzado se incluye una subida salarial del 28% para los empleados, gracias a la preocupación de Padrón y los socialistas por mejorar las condiciones de estos empleados".

En su opinión, CC demuestra con su actitud que "les importa muy poco la ciudad y el interés general, ya que, en lugar de colaborar y buscar posibles salidas al problema, se dedican a enredar, a atacar e intentar desprestigiar y minar la imagen de la alcaldesa, que ha sido quien ha hecho posible que se ponga sobre la mesa un acuerdo histórico que va a dignificar los sueldos de los trabajadores. Usando una de las frases preferidas de Brito -añadía-, le recordamos que en este asunto tiene el techo de cristal y debe tener mucho cuidado, pues si alguien tiene responsabilidad en la forma chanchullera en que se hizo la concesión administrativa ha sido él y sólo él. Basta recordar las declaraciones que en mayo de 2007 hizo a la radio y la prensa local el ex concejal de CC y delegado precisamente del Servicio Municipal de Limpieza, José de Ara, quien afirmó que se oculta algo bajo la privatización y hasta amenazó al alcalde con solicitar por vía judicial el acta de la mesa de contratación que se negaban a facilitarle". De Ara salió luego de CC y se presentó a la Alcaldía con el CCN.

Ferrer recuerda también que este ex edil de CC "comentó en esa ocasión que él no participó en el proceso de la concesión, a pesar de ser el concejal de Limpieza, y afirmó que se hizo sin transparencia, por lo que el pueblo está engañado. Según detalló, se celebraron 12 reuniones previas para la elaboración de los pliegos y a ninguna de ellas fue convocado, por lo que se preguntó sobre qué tenían que esconder en unas citas a las que no fue invitado y en las que él y sus técnicos tenían que estar para decir qué se tenía que hacer". La actual edil de Personal se pregunta "qué estaban escondiendo Sandra Rodríguez y el propio alcalde?".

Refuerzo policial

El gobierno confirmó ayer que, en respuesta a su petición a la Subdelegación del Gobierno, se ha reforzado la presencia policial para intentar evitar los actos vandálicos que han arrasado con contenedores por incendio, así como las agresiones o enfrentamientos dialécticos intensos que se han dado con los trabajadores cuando algún vehículo de hoteles o empresas privadas ha intentado descargar basura en el PIRS villero.

El consistorio insiste en que se están incumpliendo los servicios mínimos, situación que los empleados achacan sólo a la empresa por no avisarles a tiempo de los encargos. La compañía, sin embargo, replicó ayer que lo notifica todo y que hay trabajadores que están desinformando e incumpliendo lo fijado, sobre todo por la noche. La alcaldesa, además, se muestra dispuesta a seguir mediando, pero sólo si acaba la huelga "y no hay más actos vandálicos".

Aunque ayer no se había incrementado en exceso su número, hasta el martes se había quemado una decena de contenedores, sobre todo en la avenida principal, calle La Hoya, Nueva y Puerto Viejo. En esta última vía, la quema provocó destrozos en la instalación eléctrica de la zona que, durante unas horas, dejaron sin luz a numerosos hogares del casco. También se calcinó un camión de la empresa Sauco, muy cerca del PIRS.

La Concejalía de Policía y Tráfico ha reforzado el dispositivo especial de seguridad y vigilancia en el punto limpio que se instaló el lunes en Piedra Redonda debido a los numerosos piquetes. En esta zona, y según explica el gobierno, se garantiza "el orden público y la seguridad con dos patrullas de la Policía Nacional y otras dos de la Policía Local, que están de forma permanente". Durante el martes, las incidencias más graves ocurrían en la zona de Piedra Redonda, en Las Arenas, "donde un conductor de un hotel fue acorralado por un grupo de personas y su camión resultó atacado. También se quemaron 9 contenedores en San Antonio alrededor de las 14:40 horas", según la versión municipal.

Si los remedios de ayer del gobierno no funcionan y no hay acuerdo, el Puerto puede seguir siendo la ciudad de las ratas. Hasta los ediles las han visto.