Objeción a la Educación para la Ciudadanía

EN LA LEY educativa que aprobó el Gobierno socialista, la LOE, se introdujo una nueva y polémica asignatura llamada Educación para la Ciudadanía (EpC), con la que, entre otros objetivos, se pretende inculcar a los niños las bases de un comportamiento cívico y democrático. Esta materia, según la LOE, permite que se imparta en cualquiera de los tres primeros cursos de la ESO y se estudia ya en seis comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña y Extremadura (gobernadas por el PSOE) y Navarra (UPN). Las otras once comunidades empezarán a impartirla en el próximo curso 2008-2009.

Desde que se aprobó la LOE y se declaró la EpC materia obligatoria, tanto el PP como algunas entidades, tales como CONCAPA, Profesionales para la Ética, Foro Español de la Familia, etc., han realizado movilizaciones oponiéndose a que esta asignatura sea obligatoria y evaluable, aconsejando la objeción de conciencia (OC) entre los padres contra dicha materia, ya que, tal como está planteada en la LOE, su finalidad expresa es la de formar la conciencia moral de los niños y esto supone una intromisión del Estado, una auténtica expropiación del derecho constitucional que tienen los padres a ser ellos los que decidan los contenidos morales que quieren para sus hijos.

El Ministerio de Educación, el Gobierno, no piensa admitir la OC a la EpC, y ya ha advertido de que si un alumno-a no aprueba esta asignatura podrá repetir curso si ha suspendido otras dos más, pero si sólo suspende ésta, podrá pasar de curso, pero no podrá graduarse cuando termine la ESO. Incluso ha advertido de que las ausencias injustificadas a esta clase pueden acarrear la expulsión.

Ante estas posturas enfrentadas, en algunas comunidades autónomas, los padres han recurrido a la Justicia reivindicando sus derechos, alegando OC frente a la EpC. Así, en España, ya hay más de treinta mil solicitudes de OC contra esta materia, cifra que seguirá creciendo después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido el derecho de los padres de un alumno a ejercer la OC frente a esta materia, porque vulnera los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. La sentencia establece que el hijo del demandante "no debe cursar la asignatura y queda exento de ser evaluado de la misma".

Las comunidades autónomas de Madrid y Murcia, siguiendo la doctrina del TSJA, aceptarán también todas las objeciones de los padres, por lo que los alumnos de familias que ejerzan este derecho no serán evaluados de EpC. Decisión que ha provocado el nerviosismo y la soberbia del Gobierno ante la posibilidad de que la OC se extienda y acabe por desactivarla convirtiéndola, de hecho, en una materia optativa.

Veamos. Creo que ninguna familia puede negarse a que sus hijos reciban en la escuela valores ciudadanos, tales como el conocimiento de la Constitución, de los Derechos Humanos, urbanidad, etc., sin embargo, tal como está planteada la EpC, los contenidos son de una fuerte carga ideológica y no todos los valores que incorpora son morales. No es una asignatura al estilo de cómo está programada en otros países, ideada para enseñar a los niños los contenidos esenciales de educación cívica, no. Cuando una gran masa de familias dice que no, que es mentira, que el fin que persigue es enseñar a sus hijos una serie de cosas que no comparten y que, por tanto, se niegan, algo falla. Cuando son más de treinta mil padres, por ahora, los que objetan a la obligación legal de llevar a sus hijos a una clase en la que se van a enseñar teorías antropológicas, políticas, económicas, morales, etc., contrarias a sus convicciones más profundas, se choca contra quienes ven en la educación un instrumento dirigido por el Gobierno para politizar a los niños. Por consiguiente, el TSJA, el poder judicial, no ha hecho más que defender los derechos del individuo y su esfera de libertad frente al poder ejecutivo.