Tomás Padrón tenía razón

LA PRIMERA vez que lo propuso, muchos sonrieron y lo tomaron como una broma de Tomás Padrón. Anteayer, todos sus colegas apoyaron aquella idea lanzada por el presidente del Cabildo herreño hace años: que el Gobierno autónomo se reduzca al mínimo indispensable y que el resto de las competencias pasen a las corporaciones insulares. Padrón hablaba entonces de dejar en manos del Ejecutivo canario sólo cuatro materias: sanidad, educación, hacienda y relaciones con el exterior, y ahora secunda esa opinión la Federación Canaria de Islas (Fecai), el órgano en el que se reúnen y toman decisiones conjuntas los siete cabildos. Y es que los siete presidentes han tenido que rendirse a la evidencia: se impone la geografía y, dentro de un archipiélago, el cabildo es el órgano natural de administración y gobierno de sus habitantes.

Y si el Gobierno autónomo se queda reducido al mínimo, tampoco sería necesario el Parlamento, que, al fin y al cabo, demuestra continuamente su inutilidad y su poco arraigo social, cuando no otras cosas peores. Porque, cómo se puede calificar una asamblea de diputados que se dedica a expropiar inmuebles adyacentes de forma ilegal; o a construir túneles para que sus "señorías" atraviesen una calle peatonal de apenas cinco metros de anchura sin exponerse a la vista pública... ¿Y qué decir de una Cámara que sanciona con su voto tres disparates, tres mentiras y tres agravios, como son que la isla mayor del Archipiélago aparezca en último lugar en el Estatuto de Autonomía; que una de ellas se levante sobre las demás en base a una atribución de "grandeza" sin base histórica, y que el escudo de la Comunidad rebaje y minimice la altura de Tenerife? ¿No nos recuerdan estos diputados, y muchos de quienes los precedieron, a aquellos mercaderes intrusos a los que Jesús tuvo que echar a latigazos del templo, salvando las distancias entre un templo religioso y otro que debería serlo de la democracia y la imparcialidad? Y todos callan por conservar el escaño y su modo de vida. Ése no es un parlamento digno, y por eso abogamos por su desaparición y por sustituirlo por una mancomunidad de cabildos, pero una general, no provincial, que esa división también es ficticia en Canarias, además de recordar uno de los atropellos históricos más grandes contra Tenerife.

Ésa sería la estructura político-administrativa idónea del Archipiélago en tanto llega el día en que la soberanía sea posible. En ese momento, los constitucionalistas adoptarán las medidas necesarias para que las siete voces de Canarias sean acordes y suenen como una sola. Y recordamos, una vez más, nuestra visión de cómo debe producirse el paso del actual estado de sometimiento a una nación al de soberanía: de forma pacífica, dialogada y sin necesidad de referéndum alguno, sencillamente, mediante la aplicación del Derecho natural positivo, por el cual un país que ha sido sometido en el pasado por las armas recobra su libertad cuando la paz se ha afianzado totalmente.