El Gobierno ha cerrado 136 guarderías por falta de higiene

ACN, Las Palmas

Un total de 136 guarderías han cerrado sus puertas por orden del Gobierno de Canarias, al no superar las inspecciones higiénico-sanitarias obligatorias.

En concreto, el Servicio de Sanidad Ambiental, dirigido por María Luisa Pita Toledo, se ha encargado de cerrar los centros de cero a tres años que no cumplían con las condiciones, tras realizar más de 150 controles.

Pita desglosó la cifra y apuntó que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han tenido que cerrar 60 centros más que en la provincia de Las Palmas, "pero porque existían también más centros". En Santa Cruz de Tenerife cerraron 98 y en Las Palmas 38.

Pita cree que el sistema actual de inspección de las guarderías canarias "es insuficiente, porque también necesita de un control de educación", sobre todo atendiendo a que desde 1990 la educación de los más pequeños tiene carácter educativo. Sin em- bargo, asegura Pita que "en ningún caso se encuentra en la situación de desamparo que denunció el periódico El País", en un artículo publicado en abril.

"Se ha producido un equívoco, la noticia es incierta. Obviamente el control de guarderías es mejorable, pero no están abandonadas de la mano de Dios", defendió la jefa del servicio.

Inspección insuficiente

El citado medio publicó las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad catalana de Vic para el Ministerio de Asuntos Sociales, que a su vez lo presentó ante la Comisión Europea, asegurando que en varias comunidades, entre ellas Canarias, se conocía la existencia de guarderías privadas irregulares y que en esta región "no existe un servicio de inspección para determinar si los centros cumplen con los requisitos mínimos de calidad exigible".

Pita defiende que el "error en el informe" radica en que se "han seguido los parámetros utilizados en la Península, cuando en Canarias los controles los realiza Sanidad, consejería con la que no se han puesto en contacto los autores" del estudio, "Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda". Por su parte, la autora del informe Irene Balaguer asegura que las fuentes para el estudio las proporcionó el propio Gobierno autónomo.

Uno de los datos aparecidos en el informe que ha molestado al Servicio de Sanidad Ambiental es la afirmación de que en Canarias existen particulares que atienden niños en casa.