El PSOE denuncia el pago con dinero público de la defensa de los concejales

EL DÍA, Arona

El Grupo Municipal Socialista interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife contra el acuerdo plenario de abonar los honorarios de dos letrados para la defensa de los miembros de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior. Sus ocho integrantes están imputados en el llamado "caso Arona" por presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada de ordenación del territorio.

Así lo anunció el representante legal de los concejales del PSC-PSOE, Felipe Campos, quien explicó que consideran ilegal dicho acuerdo porque, "desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad penal es individual y, por tanto, esos gastos los paga el imputado".

El citado acuerdo plenario fue tomado el 20 de diciembre de 2007, con los votos a favor de CC y PP, consistiendo en el uso de unos 65.000 euros para pagar la minuta de los abogados. Los socialistas interpusieron un recurso de reposición el 19 de enero pasado, el cual fue desestimado el 12 de febrero.

Recuerda que la decisión del gobierno municipal se sustenta en un informe de Secretaría que, a su vez, se basa en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) "que se limita a decir que, una vez el imputado haya pagado sus gastos de defensa podrá ser indemnizado a posteriori si hay sentencia penal firme absolutoria con los condicionantes de que la misma estipule que haya falta objetiva de participación del imputado, inexistencia de los hechos o que se declare que los mismos eran penalmente ilícitos".

Campos manifestó tener constancia de que desde el propio Consejo Consultivo de Canarias se le hizo saber extraoficialmente al consistorio, a petición de la propia Secretaría, que "no se ajusta a la legalidad el abono anticipado de estos gastos".

Desde el punto de vista ético, el abogado entiende que es "moralmente reprobable que personas acusadas por la Fiscalía y por el Juzgado de Instrucción de presuntos hechos tan graves contra la cosa pública utilicen fondos públicos para defenderse de esas acusaciones".

Asimismo, llama la atención sobre lo que define como "una doble incongruencia" del gobierno municipal y el Partido Popular adoptando este acuerdo "dejando fuera del pago de los honorarios con cargo a la administración la defensa de los arquitectos municipales" y que "el propio alcalde, también imputado en el mismo proceso penal, haya abierto un expediente disciplinario contra un coimputado como es el arquitecto municipal".