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Estatuto entre repúblicas

Antes de que la Constitución de 1978 pusiera las bases para la redacción del actual Estatuto, el Archipiélago no llegó a convertir en realidad el sueño de un régimen autonómico, pese a las coyunturas favorables de las dos repúblicas.
S.LOJENDIO, Tenerife
13/abr/08 20:11 PM
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Antes de que la promulgación de la Constitución de 1978 pusiera las bases para la redacción del actual Estatuto de Autonomía de Canarias, un texto promulgado en 1982 y revisado en 1996, y que se enfrenta ahora a un enconado proceso de reforma, el Archipiélago no convirtió en realidad el sueño de alumbrar un régimen autonómico, pese a las coyunturas favorables que propiciaron los tiempos de la I y II República, en 1873 y 1931, respectivamente.

Si bien los golpes militares frustraron el desarrollo y la aplicación de ambos proyectos, también la sombra siempre alargada del secular pleito insular, o pugna intracanaria, lastró la posibilidad de cristalizar en las Islas una organización territorial propia dentro del Estado español y, acaso, hasta el nacimiento y la consolidación de un nacionalismo de raíz independentista.

A propósito, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, Miguel Ángel Cabrera Acosta, sostiene que "podría afirmarse que la primera vez que se consideró expresamente la posibilidad de implantar un régimen autonómico en Canarias, en este caso de carácter federal, fue durante la Primera República española". Aquel debate se vio afectado por la lucha política entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, de manera que los diputados canarios sostuvieron que, llegado el momento, propondrían la división de la provincia y la subsiguiente creación de dos sub-Estados, lo que se ha denominado "compromiso Estévanez", tomando el nombre del político republicano tinerfeño y a la sazón Ministro de la Guerra, Nicolás Estévanez, quien actuó como testigo cualificado y redactó el texto. Mediante este acuerdo, todos los diputados se comprometieron a defender la partición de la provincia y la creación de dos sub-Estados o Cantones, el oriental y el occidental. La fórmula fue recibida con desagrado por parte de la élite política tinerfeña, que consideraba perjudicada su causa. Pero el sueño fue efímero. El proyecto de Constitución nunca llegó a ser aprobado, pues el golpe de Estado encabezado en enero de 1874 por el general Pavía puso fin a la Primera República y abrió el camino al sistema de la Restauración borbónica.

En las décadas siguientes, el ideal autonomista permanecería velado, casi entre visillos, si bien los republicanos siempre mantuvieron viva esta demanda en su programa político. Fue a partir de los primeros años del siglo XX, cuando la cuestión de la autonomía resucitó el interés y la atención en los ámbitos políticos, periodísticos e intelectuales de las Islas. Con la Restauración sumida en una coyuntura de crisis, agudizada por la desastre en Cuba y la pérdida de las colonias, se generó el ambiente propicio para el surgimiento de propuestas de reforma. Además, la crisis finisecular y la influencia del nacionalismo cubano acompañarán el nacimiento de organizaciones políticas que hacen de la demanda de la autonomía su razón de ser, como el caso del Partido Popular, fundado en Santa Cruz de Tenerife en 1901 y encabezado por la figura de Secundino Delgado.

El republicanismo abanderaba la autonomía como una alternativa a la división provincial. "Defensa de la descentralización federal, del regionalismo y de la regeneración política se entremezclan, por ejemplo, en la conferencia pronunciada por el periodista republicano Leoncio Rodríguez en 1906 en el Ateneo de La Laguna", tal y como señala el profesor Cabrera Acosta, una alocución la de Leoncio Rodríguez que coincide en el tiempo con la campaña autonomista lanzada por el diario republicano tinerfeño El Progreso. Este diario realiza una encuesta que recoge opiniones sobre las ventajas que podrían desprenderse de la concesión a las Islas de "la más amplia, la más completa Autonomía en lo administrativo y económico, ya que no puede obtenerse en lo político, que hasta allá aspiramos nosotros que se llegue", refleja la prensa.

Aquel autonomismo de las primeras décadas del siglo XX en el Archipiélago descubre una doble naturaleza. De un lado, se integra en el ideario descentralizador y federalista del republicanismo; de otro, es una respuesta frente a los afanes de divisionismo. Por esta razón se convertirá en un fenómeno casi exclusivamente tinerfeño. A juicio de Cabrera Acosta, "el autonomismo no fue el fruto del desarrollo de una conciencia regional, sino del pleito insular mismo, en cuya pugna fue utilizado por uno de los bandos contendientes como un arma de defensa de la unidad provincial frente a los divisionistas".

En enero de 1919, el periódico La Prensa abría otra encuesta centrada en el debate de la organización político-administrativa de Canarias, que incluía la discusión sobre la autonomía, pero hubo que esperar a la proclamación de la II República para vislumbrar nuevos proyectos de autonomía. En el camino, un decreto promulgado en enero de 1924 había disuelto la Diputación, sustituida por la Mancomunidad Provincial Interinsular, que agrupa a todos los Cabildos, y otro, el de 1927, bajo la dictadura de Primo de Rivera, resolvía la división de Canarias en dos provincias.

Lo cierto es que bajo el paraguas del nuevo marco constitucional que se instaura tras la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, los distintos territorios comienzan a elaborar sus estatutos de autonomía. En unos, como Cataluña, el País Vasco o Galicia, el proceso tomará cuerpo antes de la caída del régimen republicano. En otros, y fue el caso de Canarias, los proyectos nunca llegaron a cristalizar.

El cambio político consiguió despertar el debate sobre la cuestión de la organización político-administrativa del Archipiélago, agudizado por el hecho de que la República ratificó la división provincial decretada en 1927.

Las primeras discusiones se producen en mayo de 1931, en el seno de la Mancomunidad Provincial Intersinsular de Santa Cruz de Tenerife, bajo la presidencia del republicano Ramón Gil-Roldán. Se convoca una Asamblea regional, que se celebró el 9 de agosto de 1931 y se reunió de nuevo en marzo de 1932. Y, aunque en esta segunda oportunidad se tomó en consideración a la nueva Constitución recién aprobada, en realidad en ningún momento se contempló la posibilidad de iniciar un proceso para vertebrar Canarias como una región autónoma. El objeto de la discusión continuó centrado en la posibilidad de restablecer la unidad regional perdida con la división provincial, así como en recuperar la capitalidad para Santa Cruz de Tenerife. Este proceso empezó a gestarse a partir de la primavera de 1936.

Al respecto, la propuesta presentada por Gil-Roldán no debería considerarse, en sentido estricto, como un proyecto de estatuto de autonomía, sino más bien "como una nueva propuesta de reorganización político-administrativa del Archipiélago. Y, en todo caso, se trata de un proyecto concebido y confeccionado al margen del nuevo marco constitucional y que, por tanto, lo que propone no es en modo alguno un régimen autonómico del tipo establecido por dicha Constitución", subraya el profesor Cabrera Acosta. A este proyecto se suma otro con origen en Gran Canaria.

El interés por las formulaciones autonomistas es palpable en la encuesta abierta por el diario La Prensa en mayo de 1936, con el fin de conocer la opinión de diversos dirigentes políticos y personalidades públicas. Ese interés impulsa a Gil-Roldán a hacer público, con ligeras modificaciones, su proyecto de estatuto de 1931, que aparecerá publicado precisamente en las páginas del diario tinerfeño el 6 de junio de 1936.

En los primeros días de junio se reunió también, en Santa Cruz de Tenerife, la Comisión Gestora de la Mancomunidad Provincial Interinsular para tratar del asunto, y en el transcurso de la sesión Gil- Roldán, presidente saliente, presentó para su estudio y discusión su proyecto de "Estatuto Regional Canario". Poco después, el debate se extendía a Gran Canaria y el 6 de julio se celebraba una Asamblea en la Federación Patronal de Comerciantes, a la que asistieron los presidentes de las Mancomunidades Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

En esta Asamblea, el diputado socialista por Las Palmas, Antonio Junco Toral, propone que Canarias ejerza el derecho a constituirse en región autónoma de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución y que se proceda a la elaboración del correspondiente Estatuto de Autonomía, presenta ya un proyecto de Estatuto, elaborado por el Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas, uniéndose al texto redactado por Ramón Gil-Roldán.

En el transcurso de la Asamblea se suscitó una vez más la cuestión de la capitalidad de la futura región autónoma, planteándose diversas alternativas. Entre ellas, que la capitalidad alternase entre las dos Islas centrales, que el Parlamento y el Consejo de Gobierno se ubicaran, respectivamente, en cada una de ellas o bien que ambas instituciones se alternasen igualmente, por periodos de cada dos o tres años, entre ambas Islas.

Finalmente, la Asamblea acordó que las dos Mancomunidades presentaran el Estatuto a mediados del mes de agosto y que, después de una reunión final, se remitiera a los ayuntamientos de las Islas para su estudio y aprobación.

El proyecto de Estatuto de autonomía de Gil-Roldán define al Archipiélago canario como región autónoma con respecto al Estado nacional y, a la vez, otorga autonomía a las Islas dentro de la región y a los municipios dentro de la Isla. En cuanto a los municipios, el proyecto se limita a indicar que sería deseable la mancomunidad de los ayuntamientos de pequeñas dimensiones, así como que se estableciera una distinción entre los municipios urbanos y los rurales. Con respecto a la organización insular, el proyecto se atiene, básicamente, a lo establecido por la ley de 1912, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de la institución de los Cabildos como a las competencias de éstos.

Las críticas a este proyecto inciden en el hecho de que no llegó a desarrollar el tipo de autonomía política previsto en el texto constitucional republicano y que viene a representar una transposición del texto de 1931, con ligeras modificaciones que no afectan a la estructura y a la filosofía básicas del proyecto original.26

"Algunas de esas modificaciones obedecen, sin duda, al deseo de evitar o suavizar los roces entre ambas provincias y facilitar un consenso autonómico. Es el caso de la supresión del precepto según el cual la sede del Consejo Regional ha de radicar en Santa Cruz de Tenerife, a la que se alude como capital de la región (art. 11), así como de la supresión del artículo que establecía la creación de una nueva Audiencia Territorial en Tenerife (art. 40)", explica el profesor Cabrera Acosta.

Otra cosa es lo que ocurre con el otro proyecto de estatuto de autonomía alumbrado durante la II República, elaborado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas, con la participación destacada del diputado socialista grancanario Antonio Junco Toral. Aquel sí fue un proyecto concebido en función de la Constitución de 1931 y, como se declara en su presentación, pretende ser un desarrollo y una aplicación de los preceptos constitucionales relativos a la constitución de regiones autónomas.

Asimismo, los redactores del proyecto confiesan abiertamente que habían tomado como modelo otros estatutos de autonomía, especialmente el catalán, ya en vigor, pero también el vasco y el gallego, ambos en vías de aprobación.

Pero el golpe de Estado del 18 de julio abortó esta intención y, además, condicionó el futuro.