Derechos a golpe de sentencia

TACHI IZQUIERDO, Tenerife

Francisco Navarro, abogado y miembro del comité de empresa por parte de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), organización sindical que ha llevado la defensa de los quince docentes de religión que han recurrido a los tribunales, manifestó que "no será tan sencillo recurrir las sentencias del TSJC" que se han venido produciendo, pues dijo que "se han pasado los plazos para recurrir, incluso para presentar recurso de casación".

Remarcó "la actitud valiente" y la decisión de estos profesionales "de enfrentarse y plantarle cara al obispado", porque sostiene que este colectivo "está aplastado por el miedo y mediatizado por el hecho de que si alguien se mueve o reclama, no es contratado el próximo curso". Navarro comparó "la actitud de la Iglesia con una dictadura" y explicó que esta entidad tiene un problema netamente económico, "pues quiere mantener a toda costa los acuerdos con el Estado y la manija de la educación porque por ahí les entra la mayor parte de la financiación".

Además, este letrado se opuso a que "de forma gratuita se pueda adoctrinar en la escuela", pues dijo que sindicatos y trabajadores "defendemos que se trata de una especialidad; de un puesto de trabajo y de empleados públicos".

Navarro señaló que una entidad que "no reconoce las fórmulas democráticas no encajará nunca con nuestro sistema, por lo que origina un choque con todo lo que es reivindicación laboral" y remarcó que "el acuerdo del 96 de mejora laboral del colectivo, que consistió en dar de alta en la Seguridad Social al colectivo, es el chocolate del loro", pues aclaró que con la ley que aprobó el PP en 1998 con el apoyo de la Iglesia, "se establecieron los contratos más basura que el contrato más basura que se pueda encontrar", y añadió que ha sido en la LOE cuando se ha podido declarar la naturaleza de relación laboral indefinida.

Francisco Navarro apuntó que "hay más de 30 sentencias acumuladas por vulneración de derechos fundamentales" contra los obispados, un volumen por el que se pregunta "si van a estar confundidos todos los magistrados que las han dictado", pues remarcó que estos fallos judiciales responden a "acciones relacionadas con la pertenencia a sindicatos o participar en una huelga legal". El representante legal de los docentes de religión insistió en que su línea de defensa frente a estos trabajadores "es que mientras pertenezcan a la Consejería tengan los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro docente". Dijo que a este personal "no se le puede tratar como si acabara de llegar, pues muchos llevan hasta 20 y 30 años de docencia" y afirmó que "hoy en día no se cumplen sus derechos y obligaciones", y puso como ejemplo las instrucciones dictadas por la Consejería "en las que se les prohíbe simultanear jefaturas de departamento o cargos directivos". Además, dijo que para que "el único docente de religión haya obtenido una excedencia ha tenido que ser por medio de un juicio", además de citar otros obstáculos como "40 demandas para cobrar los trienios que no se pagan; o cotizaciones a la Seguridad Social que se ciñen a partir del año 98", algo que, dijo, ocurre con los derechos ordinarios, "como estar en un sindicato o una actividad que no es del gusto de la Iglesia, donde vienen las amenazas o que te echen a la calle". Por ello, lamentó que "la lucha por los derechos que tienen estos profesores haya sido a golpe de sentencias".

En cuanto a los fallos que se han producido por parte del TSJC, que exigen la reincorporación de los docentes a sus puestos de trabajo, Francisco Navarro reconoció que "muchos de ellos se quedan en una especie de limbo", pues comentó que "hay trabajadores que acumulan hasta siete sentencias por despido nulo, y se ordena su inmediata readmisión, pero la Consejería opta por pagarles el sueldo en sus casas".

Esta actitud, según Navarro, responde a que la Administración no los puede contratar porque la Iglesia no los propone, un aspecto que persiste, según dijo, "porque tenemos un Gobierno muy al gusto de la derecha", situación que, dijo, "contrasta con una decisión adoptada en Cataluña, donde no se pudo justificar un despido y se acabó el problema".

"Aquí hay una realidad ineludible: que la Administración es la entidad empleadora, y la LOE establece que para resolver un contrato tendrá que ser conforme a Derecho y al Estatuto de los Trabajadores, mientras que hasta ahora se enteraban cuando iban a su aula y se encontraban a otro trabajador, y eso no se puede tolerar".

No hay pautas laborales

Además, dijo que en el acuerdo Iglesia-Estado "hay una gran confusión, pues no se establece ninguna pauta de naturaleza laboral, pues sólo garantiza la formación religiosa, pero no la fórmula contractual". Señaló que "no se puede utilizar dicho acuerdo para justificar, al amparo de un acuerdo internacional, para estar por encima de la Constitución, tal y como trata de justificar el obispado en sus actuaciones contra el profesorado".

Señaló que "hay interés por tener a este profesorado distraído y abstraído del conocimiento de los jueces, para que nadie pueda entrar y saber lo que pasa en el interior de esta institución". Por ello, apuntó que muchos docentes "se preguntan, a la hora de defender sus derechos, si son ciudadanos del Vaticano o del Estado español", pues dijo que "tener reconocidos la libertad de expresión, de contraer matrimonio o libertad de sindicación, no les vale, porque les echan a la calle por eso".