Profesores de Religión en el limbo

TACHI IZQUIERDO, Tenerife

Una parte del profesorado de Re-ligión lleva décadas de lucha en los tribunales para exigir sus derechos laborales frente a la Administración y multitud de conflictos con la propia Iglesia para defender otro tipo de contenciosos frente a la capacidad de decisión de esta institución que, en virtud de los acuerdos con el Estado, es quien ha venido decidiendo la idoneidad personal y profesional para impartir esta materia.

En los últimos tiempos se han sucedido una serie de sentencias que han sido favorables a un grupo de profesores que emprendieron una cruzada contra la Iglesia y la Administración educativa de Canarias, y que han venido a darles la razón, condenando a ambas instituciones a indemnizarlos por vulneración de derechos fundamentales en el caso de los obispados y, cuya cuantía, según los sindicatos, supera los 100.000 euros, así como a la readmisión de estos profesionales en sus puestos de trabajo por parte de la Consejería de Educación.

Pese a la permanente sensación de conflicto y a las sentencias que se van produciendo condenando a la Administración y la Iglesia, "las relaciones de este colectivo de enseñantes con los obispados no están bien", reconoció José Hermógenes Martín, delegado de Enseñanza de la Diócesis de Tenerife, para quien las causas que se están resolviendo por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de Las Palmas "son singulares en toda España y, a la vez, extrañas", puntualizó.

Martín recordó que a partir del año 1996 este colectivo solventó la diferencia salarial con el resto de docentes en Primaria, ya que cobraban entre el 15 y el 20% de los salarios que abonaba el sistema público, en virtud de un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Estado, que establecía que en un periodo de cinco año estos profesores fueran homologados a los interinos y tuvieran Seguridad Social, de la que carecían, "pues estaban en una situación precaria y de discriminación".

Primeros logros

El delegado de Enseñanza del Obispado indicó que, a pesar de que se alcanzó ese acuerdo, en el que "no intervinieron los sindicatos ni movieron un dedo para defender los derechos de estos trabajadores", tanto el Gobierno del PSOE como al principio el del PP, "incumplieron esa firma".

A partir de entonces, muchos profesores de toda España, entre ellos más de 300 de Tenerife, "vieron reconocidos sus derechos y le ganaron al Ministerio de Educación cientos de millones de pesetas de la época dada la situación injusta en la que se les había colocado y que los tribunales supieron juzgar". Esta decisión "ha permitido que el profesorado de Primaria esté plenamente homologado y en una situación digna", dijo.

Sin embargo, parte de este colectivo no cesa en sus demandas de equiparación con el resto de docentes, aunque José Hermógenes Martín remarca que en la LOE se establece su declaración "como indefinidos y el cobro de trienios, de manera que su homologación sea plena y el Ministerio reconozca sus derechos con carácter retroactivo, con lo que la situación se va normalizando".

En cuanto a las sentencias que se han ido sucediendo desde principios de año, Martín señala que se trata de "un pequeño grupo de profesores, localizado en Las Palmas, que amparados por una serie de sentencias de la Sala de lo Social del TSJC han ido ganando una serie de contenciosos".

Para el responsable educativo del Obispado, este Tribunal ha utilizado el argumento jurídico de recurrir al Constitucional para condenar a la Consejería, Alto Tribunal que el año pasado falló en contra las tesis del TSJC, por medio de una sentencia donde se reconoce que los acuerdos Iglesia-Estado son plenamente constitucionales y que las confesiones religiosas tienen derecho a proponer los profesores que considera idóneos para responder al derecho de los padres para que sus hijos sean "educados según sus convicciones morales y religiosas".

Dentro de esa decisión sobre la idoneidad, Martín recordó que se trata de los aspectos pedagógicos, doctrinales y personales, "y el Tribunal Supremo considera que sería impensable que una confesión religiosa no tuviera en cuenta el estilo de vida de un profesor que declara idóneo para dar clases de religión".

Por ello, la Iglesia propone a las personas que imparte esta enseñanza, pero es la Administración quien las contrata, "porque en todas las constituciones europeas se reconoce el derecho a la enseñanza de religión y las idoneidades personales, una facultad que le corresponde a la Iglesia y a las diferentes confesiones".

Sentencias recurribles

Sin embargo, en las sentencias que está dictando el TSJC se condena a los obispados por vulneración de derechos fundamentales y a la Administración a la readmisión, aunque Hermógenes avanzó que los fallos "son recurribles, pero en todo caso será una decisión de la Diócesis de Las Palmas".

Dijo que, desde el respeto a las sentencias, "este Tribunal usa unos caminos con los que al final sentencia en contra del parecer del Constitucional y repetidísimas sentencias del Supremo, en el sentido de sentenciar que se han vulnerado los derechos sindicales de ese grupo de profesores, en una supuesta prohibición de huelga por parte de la delegación diocesana de Las Palmas", cuando, añadió, "en ningún momento se prohibió a ningún sindicalista ni se obstaculizó por ninguna de las dos diócesis".

En este sentido, añadió que "más del 50% de los profesores de religión de Tenerife están sindicados y hay ocho delegados en Canarias que son liberados", y remarcó que en la sentencia del TSJC "se ha elegido un camino por el que se señala que se han vulnerado unos derechos constitucionales, pero no puede juzgar sobre la idoneidad de los profesores". En este sentido, indicó que "los obispados cumplimos estrictamente con la legalidad, con los acuerdos Iglesia-Estado y los planteamientos del Supremo".