Empresas con licencias en Palm Mar defienden la legalidad de sus obras

EL DÍA, S/C de Tenerife

Tanto Inversores y Constructores de Abona como Urbanizaciones Mencey defienden la legalidad de las construcciones que realizaron en Palm Mar y rechazan que afecten al espacio natural protegido, anunciando que se reservan el derecho a emprender acciones legales contra el abogado Felipe Campos, que formuló una denuncia ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) el 12 de julio de 2007.

La promotora Urbanizaciones Mencey asegura contar "con todos y cada uno de los permisos sectoriales y municipales legalmente exigibles" y recuerda que la licencia para construir 56 viviendas, locales comerciales, garaje y trasteros data del 7 de agosto de 2000 para el movimiento de tierras, y del 17 de mayo de 2001 para la obra mayor. Es decir, antes de la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

Ambas empresas señalan que las normas de conservación del espacio natural Montaña de Guaza estaban vigentes cuando fueron concedidas las licencias y en dicha normativa se recogen las parcelas edificadas como "zona de uso especial, en las cuales está permitida la edificación residencial". De hecho, Urbanizaciones Mencey indica que su parcela era suelo urbano antes de la entrada en vigor de la ley de Espacios Naturales.

Inversores y Constructores de Arona, que construyó en Palm Mar un edificio de 135 viviendas, 10 locales comerciales y 75 plazas de garaje, especifica que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Arona "lo único que recoge como ámbito urbano es el suelo del plan parcial aprobado en 1970, mantenido por acuerdo de la Cumac en 1996, que aprobaba definitivamente una modificación puntual del PGO en el área de Palm Mar (actualmente vigente) y ratificado por el TSJC el 1 de junio de 1999". No se amplía la zona apta para construir afectando a más superficie del espacio natural Montaña de Guaza. De hecho, la revisión del Plan General de Ordenación de Arona cataloga como suelo urbano urbanizado la superficie en que la Junta de Gobierno Local autorizó las construcciones de las dos empresas citadas por Campos.

La figura del letrado es otro punto en el que ambas promotoras coinciden a la hora de manifestar su crítica. "Resulta increíble la temeridad en la que pueden incurrir determinados profesionales del Derecho con tal de obtener un poco de protagonismo público", apunta una de las partes, que también acusa de "afán de protagonismo" a Felipe Campos.

La anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de una licencia concedida en agosto de 2005 por la Junta de Gobierno Local de Arona que permitía la construcción de un edificio con 60 viviendas y otros tantos aparcamientos nada tiene que ver con estas dos promociones. El hecho de que el abogado plantee la posibilidad de que sean derribadas es una cuestión que también contribuye a que las empresas aludidas se manifiesten en estos términos.

Campos ha solicitado públicamente a las autoridades municipales que se impliquen en este asunto que surge con la concesión de las licencias urbanísticas en 2003, durante una reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona que fue presidida por el entonces primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Barrios.