Los trabajadores de la basura denuncian amenazas de la empresa

EL DÍA, Puerto de la Cruz

Francisco Ríos, secretario del comité de empresa de Sufi-Tarajal, la empresa concesionaria del servicio de basura en el Puerto de la Cruz que vive una segunda etapa de huelga en lo que va de año por discrepancias sobre los salarios, denunció ayer a EL DÍA "las amenazas que han recibido algunos empleados por parte de la compañía para que no ejercieran su derecho a huelga". Ríos anuncia que ya han comunicado la situación a los asesores sindicales de UGT y que, con toda probabilidad, presentarán la pertinente denuncia, al tiempo que espera que un inspector de trabajo analice también otros "incumplimientos" desde que decidieron, por unanimidad y en asamblea, convocar una segunda huelga.

Entre esos incumplimientos por parte de la empresa subraya el hecho de que a algunos trabajadores que cumplen con los servicios mínimos "se les ha cambiado el turno de trabajo, aparte de que otros están operando sin el debido equipaje y medidas protectoras".

Ríos lamenta que "tanto el equipo de gobierno local como la empresa sigan sin darnos una fecha concreta para mejorar los salarios".

La compañía remitió ayer a los medios un comunicado, que conocieron los trabajadores el jueves durante su reunión vespertina con la edil del área, la conservadora Eva Navarro. En la nota, la empresa se adhiere a la postura del ayuntamiento en lo relativo al "cumplimiento del preacuerdo de convenio colectivo suscrito por las tres partes: consistorio, empresa y comité de empresa". Para los trabajadores, esta postura no acerca posiciones ni resolverá la situación.

Los directivos de la compañía, por el contrario, recalcan que su postura quedó recogida en las propuestas que le hicieron al comité los pasados días 4 y 8 de este mes. "Instamos al comité -explican- a que en el plazo de un mes a contar desde ese día 4 pudieran ambas entidades valorar los salarios preacordados. El día 8 -añaden-, se mejoró y amplió por ambas entidades la propuesta inicial en el sentido de que, a la finalización del plazo del mes concedido, y una vez analizado el desequilibrio económico al que alude el presupuesto, se podría estar en condiciones de comprometer una fecha de pago, tanto de atrasos como de los nuevos salarios preacordados". Para la empresa, una prueba de su "voluntad de cumplimiento" es que los trabajadores cobraron en marzo "la cuantía que la compañía les prometió".

Los trabajadores tienen una visión bien distinta, mientras que desde el principal grupo de oposición, que lidera Marcos Brito (CC), se culpa con dureza de la situación actual al equipo gobernante. El gobierno, por su parte, insiste en que no se puede firmar el nuevo convenio y los acuerdos de finales de enero y principios de febrero pasado si previamente no existe un estudio económico que garantice la estabilidad presupuestaria, según señala el edil de Hacienda, David Bernat.