LA INVESTIDURA de Rodríguez Zapatero, consumada ayer según las previsiones, ha coincidido con un nuevo ejercicio realista del Fondo Monetario Internacional, cuyo último informe, publicado el miércoles, reducía la previsión de crecimiento de la economía española para este año al 1,8% -la mayor caída desde la recesión de 1993, en que el crecimiento del PIB pasó del 0,9% en 1992 a una tasa negativa del 1,3% en 1993-, lo que representa un brusco frenazo de la actividad, el más pronunciado de todos los países desarrollados con la excepción norteamericana. Las causas de este súbito empeoramiento de la coyuntura española son, de un lado, la crisis financiera internacional -"una de las más graves desde la Segunda Guerra Mundial", según un subdirector del departamento de análisis del FMI- y, de otro lado, el brusco recorte de la actividad inmobiliaria. "Hubo un boom inmobiliario insostenible, y los precios deben ajustarse", ha dicho la misma fuente.
Tenga o no razón el FMI en la dureza de sus previsiones (en realidad, siempre su visión ha pecado de pesimista), lo cierto es que otros pronósticos de acreditada solvencia no están muy lejos de aquellas cifras: el Banco de España situó la semana pasada su previsión de crecimiento para este año en el 2,8% y el servicio de estudios del BBVA apuntaba el pasado lunes a una tasa del 1,9% y calculaba que el parón de la construcción generaría 400.000 desempleados, sin contar el impacto que esta situación tendrá en los subsectores auxiliares. No parece, pues, dudoso el contratiempo, que, según un consenso generalizado, llevará la economía española a tasas de crecimiento inferiores al 2% durante unos dos años (la CEOE acaba de manifestar que sus previsiones para 2009 son todavía peores), lo que supone un incremento continuado de desempleo, que podría regresar, al término de esta fase, a tasas del 11% desde el 8% que fue nuestro mínimo en 2007.
Rodríguez Zapatero dedicó buena parte de la primera mitad de su discurso de investidura a efectuar propuestas de índole económica, tanto a corto como a medio y largo plazo, que deberán servir de base a la actuación que desde hoy mismo debe acometer el nuevo Gobierno, y que, por cierto, ya han sido calificadas de insuficientes por sectores relevantes de la opinión especializada. Como se recordará, el entonces candidato anunció que el Gobierno, "en la misma semana de su constitución" emprendería un conjunto de medidas "para hacer frente a la desaceleración económica": la deducción de 400 euros en el IRPF, un adelanto en las devoluciones del IVA a las empresas y un conjunto de medidas concretas en el sector de la construcción, "que serán objeto de una inmediata Conferencia Sectorial de la Vivienda"; a continuación, Zapatero anunciaba seis actuaciones inmediatas: reducción de la carga fiscal en la rehabilitación de viviendas -una actividad de alto valor añadido que absorbe mucha mano de obra-; aceleración de la licitación de obra pública; promoción de la rehabilitación de edificios y aumento de su eficiencia energética; ampliación del aval público para créditos para la adquisición de VPO; plan de recolocación de parados y refuerzo de la cobertura del desempleo; y ampliación gratuito de del plazo de la hipoteca en familias de situación de especial dificultad.
La música, escrita en un pentagrama claramente socialdemócrata -las medidas de emergencia no serán sostenidas por los más débiles-, es la adecuada, pero quizá el tempo sea demasiado lento y el tono demasiado piano. Después de una política económica rigurosa que ha generado continuos superávit y nos ha permitido reducir la deuda a magnitudes muy manejables, parece llegada la hora de rescatar silenciosamente a Keynes y de adoptar un conjunto de iniciativas de inversión pública y de estímulo a la inversión privada muy ambiciosas que palien en lo posible la crisis de la construcción.
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