M.G./ACN, S/C de Tenerife
El número de menores inmigrantes que esperan en comisarías su traslado a centros de acogida ascendía ayer a 25. De ellos, nueve se encontraban en Santa Cruz de Tenerife, otros nueve en Los Cristianos (Arona) y siete en la isla de La Gomera. Los niños ocupan celdas especiales y diferenciadas.
La estancia temporal de los menores en estas instalaciones responde al procedimiento que se sigue en caso de llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares, que durante los últimos días ha sido muy intensa: cuando se tienen dudas sobre la edad de sus ocupantes se les somete a pruebas óseas para determinarla con exactitud. Hasta que se obtienen los resultados, permanecen en las comisarías. Cuando se confirma que son menores de edad, la Fiscalía emite una resolución para ordenar su traslado a los centros de acogida, mientras que los adultos son ingresados en alguno de los tres centros de internamiento que existen en las Islas.
La situación de saturación por la que atraviesan los espacios destinados a albergar a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias ha llevado a la Consejería regional de Bienestar Social a solicitar la ayuda de la Delegación del Gobierno, que actualmente está realizando gestiones para poner algún nuevo centro a disposición del Ejecutivo autónomo.
El departamento que dirige Inés Rojas ha expresado su satisfacción por el hecho de que la Delegación haya mostrado, "por primera vez", su disposición a colaborar en la búsqueda de nuevos espacios para los menores.
Precisamente, el delegado del Gobierno en el Archipiélago, Salvador García Llanos, ha recordado que "por ley, las competencias en la acogida, tutela y protección de los menores inmigrantes no acompañados corresponde al Ejecutivo regional". No obstante, matiza García, "desde la Administración General del Estado, como ha venido ocurriendo siempre, se dispone lo necesario para la cooperación y para favorecer la consecución de los objetivos de integración".
El representante del Gobierno central en las Islas reiteró que la cuestión de los menores inmigrantes "no debe ser instrumentalizada en el debate político" y que, por el contrario, las administraciones implicadas han de hacer "el máximo esfuerzo" para buscar soluciones que favorezcan el mejor tratamiento y la adecuada inserción de este colectivo.
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