EFE, Caracas
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó ayer la nacionalización de la siderúrgica Sidor, del grupo italo-argentino Ternium Techint, dentro de un plan de estatalización que ya alcanzó al cemento, el petróleo, la electricidad y la telefonía. El anuncio lo hizo el vicepresidente del país, Ramón Carrizales, quien intentó desde el martes y hasta las primeras horas de ayer poner fin a un conflicto laboral de más de un año que incluyó una decena de huelgas convocadas por el sindicato del sector.
La empresa siderúrgica -privatizada en 1997 por unos 1.200 millones de dólares- y sus trabajadores negociaban desde marzo de 2007, infructuosamente, el nuevo contrato colectivo.
"Estaba en contacto con el presidente, le dije que con una gran arrogancia la empresa se estaba levantando de la mesa de negociación porque no tenía ninguna contra propuesta y me instruyó a que les informara que el Gobierno toma el control de la empresa", dijo Carrizales en rueda de prensa.
El consorcio "colonizador", como lo llamó Carrizales, básicamente de la familia argentina Rocca, deberá desprenderse del 60% de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que controla en la actualidad. El Estado y los trabajadores venezolanos se reparten hasta ahora en partes iguales el 40% restante.
La reversión de esos porcentajes figura entre las opciones sobre la nueva propiedad, porque "no estamos cerrados a ningún esquema", y el que se decida será fruto de una posterior negociación con los representantes de Ternium Techint, añadió Carrizales.
El programa nacionalizador venezolano no registra incautaciones al privilegiar acuerdos de compraventa o asociación en empresas mixtas, con previas o posteriores indemnizaciones.
Sin embargo, el Estado venezolano no ha quedado exento de litigios judiciales, como el que recientemente intentó la gigante del petróleo Exxon Mobil, que fracasó por esa vía y ahora deberá limitarse a lo que decida un arbitraje internacional.
Una vez que Carrizales informó de la suerte de Sidor, José Meléndez, portavoz de los obreros, remarcó que "existe júbilo" entre éstos, que así ven "la concreción del sueño de los trabajadores del socialismo del siglo XXI que estamos esperando".
Sin marcha atrás
Tras el anuncio oficial, los gerentes "llamaron a la familia Rocca en Argentina, a la presidenta Cristina Kirchner, pero nosotros sabemos que la posición del presidente Chávez es que no se va a echar atrás", remarcó Meléndez.
Mientras Carrizales asistía a las negociaciones, el gerente de Planeamiento Industrial de Sidor, Luis Domínguez, dijo que la nacionalización "no es necesaria ni imperativa a la luz de los resultados que ha tenido (la empresa) en manos privadas". "Sidor se ha convertido en el puntal y factor dinamizador de la región de Guayana y de todo el país", dijo Domínguez, y remarcó que "lo que se ha hecho en diez años (de privatizada) es importante".
Lista de logros
La industria puede mostrar una "significativa lista de logros", entre ellos el aumento de la producción de acero líquido de 2,9 millones de toneladas en 1998 a 4,3 millones en 2007, e inversiones de "más de 925 millones de dólares" desde 1998, agregó Domínguez.
Luis "Acarigua" Rodríguez, líder sindical de Sidor, dijo el lunes que el grupo ítalo-argentino había "maltratado y vejado al país y a los trabajadores", y reiteró que desde 1997 unos "18 obreros" siderúrgicos han muerto en accidentes laborales.
Carrizales confirmó ese extremo y relató que escuchó de los gerentes "posturas intransigentes, ofensivas y prepotentes, que buscaban mantener los esquemas de explotación bárbara a la que han estado sometidos estos trabajadores".
La infraestructura de Sidor, situada a unos 800 kilómetros al sureste de Caracas, la componen una veintena de instalaciones donde se produce acero, laminados en caliente y frío, hierro y tuberías.
Carrizales añadió que parte de la producción de la siderúrgica era vendida luego a Venezuela "a precios internacionales", y pese a los subsidios oficiales a la materia prima.
"¿Qué no han violado la ley? Es posible que no haya violaciones, pero lo que se hacía era por lo menos antiético e inhumano", lo que el Gobierno de Venezuela "no puede permitir", remarcó Carrizales.
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