EL DÍA, Arona
La Junta de Gobierno Local del mandato anterior en el Ayuntamiento de Arona concedió a la empresa Gomasper, el 2 de julio de 2006, una licencia urbanística para la construcción de las 318 viviendas que formarán la urbanización Mirador del Atlántico, situada en Timanfaya, en la zona de Chayofa. Sin embargo, contaba con informes contrarios de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Por ello, será una de las que integrarán la ampliación de la denuncia del llamado "caso Arona" a través de una denuncia ante la Fiscalía que podría ser formalizada mañana por el abogado Felipe Campos.
Según consta en el acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local, el informe emitido por el área técnica el 25 de junio de 2006 establece "que el proyecto no se ajusta, como es preceptivo, al Plan General de Ordenación (PGO) que está en revisión porque el mismo prevé en la zona un uso residencial unifamiliar y el presentado contempla un uso colectivo".
Así lo asegura Campos, quien también afirma que el área de Urbanismo especifica que incumple "los deberes urbanísticos" que determina la normativa aplicable en la materia.
El abogado, que presentará ante la Fiscalía Anticorrupción más de 40 licencias concedidas entre diciembre de 2006 y mayo de 2007, incluirá ésta "que, curiosamente, ha vuelto en dos ocasiones a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona". En la primera ocasión fue durante la sesión celebrada el 19 de enero de 2007, cuando los integrantes de dicho órgano de gobierno eran los mismos que actualmente aparecen como imputados en el denominado "caso Arona", mientras que en la segunda oportunidad, el 17 de octubre del año pasado, los componentes eran los designados para el mandato actual. En esta última ocasión se trataba de determinar si el proyecto de ejecución se ajustaba al básico.
Con el gobierno actual
Como consecuencia de ello, Felipe Campos entiende que "la presunta responsabilidad penal enlaza con los gobernantes actuales". Para el abogado, la Junta de Gobierno Lo-cal "debió manifestar la necesidad de revisar de oficio la concesión de esta licencia".
Tal y como ha ocurrido con otros asuntos, el abogado de una de las partes del llamado "caso Arona" insiste en expresar "que es muy preocupante que se haya permitido desde el ayuntamiento hacer esto".
El 7 de marzo de 2007 fue cuando el juez Nelson Díaz Frías, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, puso en marcha este caso a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la Junta de Gobierno Local del mandato anterior.
El magistrado juez decidió imputar a los ocho miembros de dicho órgano de gestión municipal los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
Este periódico trató infructuosamente de conocer la opinión de la empresa aludida por la concesión de esta licencia.
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