F.A.F./ACN, S/C de Tenerife
El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, Jorge Rodríguez, aseguró ayer en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo "no mirará para otro lado" y actuará cuando tenga conocimiento del contenido y firmeza de la sentencia del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) que declara ilegal la ampliación del centro comercial Alcampo, tras anular la resolución por la que se concedió la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de La Laguna a esta empresa.
Rodríguez, que compareció en el pleno de la Cámara a petición del PSOE para informar sobre este asunto, indicó que el Ejecutivo no tiene conocimiento de la resolución judicial y ha solicitado la confirmación de su firmeza a la corporación. El consejero insistió en que, una vez que se tenga constancia oficial del contenido de la sentencia, los servicios jurídicos de la Consejería decidirán sobre lo que procede actuar en consecuencia con lo que ésta establezca.
Frente a las críticas del diputado socialista Santiago Pérez, Rodríguez defendió la actuación de la Dirección General de Comercio sobre este caso: "No ha sido nada frívola, hemos aplicado la ley y no hemos mirado para otro lado", sentenció.
Rodríguez recordó que el centro comercial utilizó dos vías para intentar lograr las licencias, ya que, en medio de todo este proceso, en 2003 se aprobó la ley por la que se regulan las licencias comerciales específicas, que establece que se requiere autorización de la Di-rección General de Comercio para esta acción.
El consejero indicó que Al-campo cumplió con esta solicitud en 2004, mientras que mantenía el procedimiento administrativo para que el consistorio le reconociera la licencia de obra por silencio administrativo positivo.
Finalmente, el ayuntamiento aceptó estos argumentos y otorgó la licencia por silencio administrativo positivo, lo que hizo que el procedimiento se retrotrajera a la fecha de la primera solicitud ante el Consistorio, por lo que ya no le era aplicable solicitud comercial especifica, que era sólo para aquellas presentadas a partir de la aprobación de la ley.
Además, indicó que al elevarse el asunto ante el TSJC, éste "dio un giro al caso" y estimó parcialmente los argumentos de los demandantes -Fepeco y el PSOE- y anuló la licencia otorgada y declara ilegal la ampliación de Alcampo.
El consejero aseguró que el Gobierno, como parte no implicada en el caso, desconoce si la sentencia es firme y las consecuencias que este fallo favorable tendrá. Así, explicó que se ha requerido de oficio a la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre la documentación relativa a la sentencia e insistió en que una vez que el Gobierno canario cuente con esta documentación adoptará las actuaciones pertinentes "en el caso de que las hubiere", indicó.
"Incumple sus leyes"
El diputado socialista Santiago Pérez centró su discurso en la constatación de que "el Gobierno canario elabora leyes que luego no cumple", en relación a la legislación vigente en materia de grandes superficies.
Para Pérez, "el caso Alcampo es un caso de libro que ejemplifica el incumplimiento de las leyes" por parte del Gobierno y del Ayuntamiento de La Laguna.
La iniciativa del diputado socialista fue encaminada a que el Ejecutivo diera cuenta de las actuaciones que ha hecho, o no, al respecto de la sentencia del TSJC que estimó ilegal la concesión de las licencias a Alcampo por parte del Ayuntamiento lagunero.
El que fuera concejal socialista en la Corporación de La Laguna reprochó la inacción del Gobierno ante estos hechos, en los que cuestionó la justificación de que actuar fuera cometer una intromisión en la autonomía municipal. Al respecto, precisó que los actos de las administraciones locales se presume que son legales y se consideran ejecutivos, por lo que, si la comunidad autónoma considera que se ha cometido una irregularidad, "no se puede invocar que su intervención sería una intromisión de la autonomía local".
El diputado del PSC en el Parlamento canario consideró que el "Gobierno es el garante de la legalidad en la Comunidad Autónoma de Canarias".
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