CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico "modulará" la aplicación en las Islas de la polémica directiva europea sobre la liberalización de servicios, que incluye la actividad comercial, pero "sin recortarla".
La precisión la efectuó Soria ayer en el transcurso de la comparecencia que solicitó Coalición Canaria (CC). El portavoz en materia económica de los nacionalistas preguntó a Soria cuál sería el impacto de la implantación de esa norma comunitaria en el Archipiélago. González afirmó que los servicios generan el 70% del PIB en toda Europa y el 68% del empleo en toda la región.
Soria confía en que la puesta en marcha de la directiva, que se producirá por mandato de Bruselas a finales de 2009, reactivará "los niveles de actividad comercial que Canarias ha perdido en los últimos años", si bien "es lógico que haya modulaciones".
Su aplicación "será buena en términos globales" para las Islas porque implicará "más y mejores oportunidades a favor de los consumidores, incrementará la competitividad del sector comercial y mejorará el acceso a los operadores en los mercados de Canarias" al facilitar la implantación de más competidores y aumentar la seguridad jurídica de las operaciones. "Será un revulsivo", explicó.
Eso sí, matizó el consejero, su implantación "no puede suponer una rebaja en la prestación de los servicios públicos ni se tolerará que decaiga su calidad, especialmente en las islas no capitalinas".
Tras finalizar la fase de identificación de las normas canarias que puedan contradecir la directiva, ahora la Administración autonómica evalúa los procedimientos y normas que deben cambiar. El plazo para adaptar las normas con rango de ley, explicó Soria, acaba en enero del próximo año, mientras que el resto puede tramitarse hasta mayo de 2009.
El portavoz del grupo socialista, Blas Trujillo, solicitó tanto a Soria como al consejero autonómico en esta materia, Jorge Rodríguez, que aclaren cómo el Gobierno "equilibrará" los intereses del comercio tradicional, dentro del que hay voces contrarias a la normativa, y el interés de los grandes comerciantes y de los propios consumidores, tras indicar que la norma europea significará "un soplo de libertad muy fuerte y bueno para Canarias".
Soria insistió en que las excepciones en su aplicación serán "las mínimas, aunque es evidente que tendrá que haberlas", y aseguró que se conseguirá la compatibilidad entre las grandes superficies y el pequeño comercio "sin vericuetos que eviten su aplicación".
Borrador para mayo
El director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, también confía en lograr el "máximo consenso posible" en el sector comercial. Tras la comparecencia de Soria, explicó que su despacho tendrá listo para el próximo mes un borrador de los cambios a introducir en la ley canaria de comercio para su discusión en el seno del Gobierno. El documento será discutido con el sector comercial "lo antes posible" para llevarlo antes de fin de año al Parlamento, donde debería ser aprobado antes de enero de 2009.
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