EL DÍA, Arona
El Plan General de Ordenación (PGO) de Arona califica como suelo urbano residencial una porción del espacio natural protegido de Montaña de Guaza contiguo a las edificaciones realizadas en Plam Mar que han sido objeto de denuncia por entender que afectan a zonas de dicho enclave. Además, se da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló recientemente una licencia urbanística para realizar otra edificación.
El abogado Felipe Campos manifiesta su preocupación por este tipo de actitudes "y creo que sería bueno que el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Jesús Romero, se interese realmente por retirar este planeamiento del PGO y conocer en qué estado está el caso de otros edificios existentes en la zona".
Alude así a la denuncia que presentó el 12 de julio de 2007 ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) por la construcción de dos edificios que "invaden el espacio protegido", edificaciones que contaron con licencias municipales otorgadas en 2003 por la Comisión de Gobierno Municipal, que entonces presidía Miguel Delgado.
Se trata de un inmueble de Inversores y Constructores de Arona, edificado en la parcela 15-1, que cuenta con 135 viviendas, 10 locales comerciales y 75 plazas de garaje; así como de otro que pertenece a Urbanizaciones Mencey, con 56 viviendas, locales comerciales, garaje y trasteros.
El denunciante dijo estar a la espera de que la Apmun le indique qué ha hecho al respecto. En cualquier caso, Campos tiene claro que "le correspondería al alcalde de Arona, en línea con la preocupación que ha manifestado tener por el paraje natural de Montaña de Guaza, iniciar el procedimiento correspondiente para reponerlo a su realidad demoliendo estos edificios que están completamente dentro de dicho espacio protegido".
Campos tiene claro que en Palm Mar se ha incurrido en ilegalidades que contradicen los pronunciamientos públicos del alcalde aronero, ya que el TSJC así lo ha confirmado al anular una licencia concedida en agosto de 2005 por la Junta de Gobierno Local del mandato anterior (la sesión fue presidida por Manuel Barrios en calidad de alcalde accidental), que permitía la construcción de un edificio con 60 viviendas y otros tantos aparcamientos.
El abogado, que está personado en el proceso judicial por el que los miembros del citado órgano están imputados en el marco del llamado "caso Arona", recuerda que fue el gobierno municipal quien recurrió la sentencia inicial contra esta obra, denunciada por la Apmun cuando se había producido el desmonte del solar, y que es ahora el TSJC el que ratifica tal sentencia.
"Este proceder se contradice con lo que dice el alcalde, cuya desfachatez y cinismo no tiene límites", apostilló Felipe Campos, para quien el director general de Urbanismo "también demuestra preocupación por el interés de los empresarios al intentar aprobar un PGO que favorece sólo a ellos, pero se despreocupa totalmente de los vecinos".
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