EFE, Madrid
El Poder Judicial abrió ayer un expediente por una falta muy grave de desatención a Rafael Tirado (en la foto), el juez de Sevilla que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz Cortés, y ha pedido que se investigue a los funcionarios que intervinieron en la causa.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó esta decisión, por unanimidad, en una reunión extraordinaria, según el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, quien recordó que Tirado se enfrenta a la posible sanción de suspensión de funciones de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
Además, la comisión acordó remitir estas actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía "en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria".
En concreto, el CGPJ incoa un expediente disciplinario a Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, por la posible comisión de una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
"En el juez concurre la obligación profesional de impulsar y controlar la realización de los actos procesales necesarios para obtener la ejecución de todas las sentencias y controlar la actuación de su personal colaborador", recordó López.
Según el portavoz, "se aprecia que ha podido existir una cierta pasividad, una dejación de funciones y una ausencia de control de este personal".
El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor y cuenta con otra condena de dos años de cárcel que dictó el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor.
La primera sentencia fue confirmada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
Resolución en seis meses
Se ha nombrado instructor para la tramitación del expediente a Tirado al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea.
El trámite ahora es que el instructor escuchará de nuevo al juez y finalmente tendrá que realizar, antes de seis meses, una propuesta de sanción. Según la LOPJ, para las faltas muy graves es el pleno del CGPJ el competente para imponer una sanción, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.
López ha asegurado que "la Comisión Disciplinaria en este tipo de asuntos siempre trabaja con urgencia porque el hecho de que se haya abierto un expediente por falta muy grave contra cualquier juez sabemos que compromete la buena imagen del Poder Judicial. Cuanto antes haya una resolución definitiva mejor para el servicio público y para el propio Juez".
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