Actué con honestidad, urgí su finalización, redujimos su volumen (I)

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, la divulgación de una conversación telefónica mantenida por mí con el empresario Santana Cazorla en diciembre de 2006 sobre la urbanización Anfi-Tauro, parece volver a poner en cuestión la honestidad con que impulsé la resolución de este informe al Parlamento en los últimos meses de mi mandato como presidente del Gobierno, ante la posibilidad de que las cuatro únicas excepciones a la moratoria turística se empantanaran durante años, con lesiones evidentes al empleo y a la cualificación de la oferta turística con plazas de alta calidad.

De nuevo he de reiterar y dejar claro: actué en todo momento con honestidad y diligencia en defensa del interés general. Coordiné la actuación de las dos consejerías implicadas (Turismo y Política Territorial) en la elaboración del informe para que el Parlamento decidiera sobre las excepciones a la moratoria en el marco de la ley. Urgí a la conclusión inmediata del expediente después de dos años de tramitación en el Cabildo de Gran Canaria (que propuso 7.500 camas para el proyecto) y el Gobierno de Canarias, cuyos servicios técnicos fueron progresivamente reduciendo su volumen hasta las 1.671 camas. Esta drástica reducción del volumen casi nunca es tenida en cuenta en las informaciones, a pesar de que fue el único de los cuatro proyectos tramitados al que se le limitó la capacidad a menos de una cuarta parte de lo que aspiraba.

Aquella grabación casual de la conversación en el marco de otra investigación al empresario dio lugar a un enorme equívoco, que afortunadamente fue despejado en febrero de 2007 por la Fiscalía y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ambos no apreciaron indicio alguno de delito y archivaron las actuaciones abiertas por un juzgado de instrucción sobre mí. Soporté en aquella ocasión nueve días de malediciencia y juicios anticipados, que hicieron daño moral a mi persona -nunca del todo reparado- y al prestigio de la institución que presidía. Como todo se basaba en informes indirectos, pedí entonces la transcripción pública de la cinta ,y mi partido exigió responsabilidades y aclaraciones (que nunca se produjeron) por la filtración parcial y malintencionada de un inicio de diligencias, realizado desde la exigua base de conversaciones telefónicas y sin el mínimo conocimiento directo del expediente.

Un año después de los hechos y de su archivo judicial, de nuevo vuelven a aparecer las mismas cantinelas. Pero, si entonces era difícil contextualizarlas debidamente, en la actualidad se conoce mucho mejor lo que ocurrió y es necesario recordar algunos detalles que den solidez a lo que afirmo.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Elemento esencial es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hecho público el 15 de febrero de 2007. Lo dice bien claro.

"No existe indicio alguno -cito textualmente- que evidencie que las referidas autoridades hayan podido cometer el delito de tráfico de influencias que tipifica el art. 428 del Código Penal. Además de que no existe hecho ni indicio alguno que demuestre que los referidos miembros del Gobierno de Canarias, uno de ellos, además, la primera autoridad del Archipiélago, hayan influido, sugerido o instigado a cualquier otra autoridad o funcionario para que resuelvan el expediente que afecta a D. Santiago Santana Cazorla en el sentido por éste pretendido ni en ningún otro".

Y añade más adelante: "En dichas conversaciones queda únicamente puesto de manifiesto el deseo de ambas autoridades de que el asunto quede resuelto antes de que concluya la presente legislatura, aspiración por otra parte legítima tanto para el político gobernante como para el administrado, y se informa al interesado que su petición habrá de ser remitida posteriormente al Parlamento".

Y como ya indiqué públicamente aquel mismo día, al referirse a la conversación que mantuve con el citado empresario, el auto afirma que "sólo cabe extraer la conclusión de que el mandatario político ya está cansado del tema de las camas, y que para tratar de resolver dicho asunto antes de las próximas elecciones ha pedido que los diferentes técnicos intervinientes en el expediente le lleven sus informes para ver si puede llevar la cuestión a un próximo Consejo de Gobierno y remitirla después al Parlamento. Nada permite concluir que el Sr. presidente haya tratado de influir en el trabajo de los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Comunidad ni en el contenido que éstos hayan de dar a sus informes, y también pone el Sr. presidente de manifiesto a su interlocutor que se plantean algunos problemas".

Son párrafos -dije aquel día- que restablecen la verdad. Fue un auto que hizo Justicia.

"Se ha esclarecido la verdad en un caso como éste, plagado de filtraciones interesadas y manipulaciones de hechos", dije aquel día.

El marco legal de este expediente

La solicitud de Anfi-Tauro (así como las de otras tres empresas pendientes) se produce al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias ("Ley de Moratoria"). Tal disposición prevé que, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, durante el primer trienio a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, y previa declaración de interés general otorgada por el Parlamento de Canarias, se podrán otorgar autorizaciones previas para proyectos turísticos que comporten una especial cualificación de la oferta canaria.

La tramitación de estas solicitudes se realiza, según la ley, a través de los cabildos insulares, los cuales, de considerarlas de interés para la isla y acordes con su ordenación territorial y con la capacidad de carga insular, las elevan al Gobierno para que tramite ante el Parlamento de Canarias la declaración de interés general, una vez que las consejerías competentes en materia de Turismo y Ordenación del Territorio las hayan informado de forma preceptiva, aunque no vinculante para el Parlamento de Canarias.

Recorte de las plazas solicitadas

Apenas unos días antes del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las dos consejerías implicadas habían emitido un comunicado que aporta mucha luz a tanta confusión. Venía a demostrarse que, lejos de un trato de favor, el Gobierno había reducido sustancialmente las plazas del proyecto Anfi-Tauro; y no había sido para nada receptivo a hipotéticas presiones de la citada empresa (o legítimas acciones, según cada punto de vista) para informar favorablemente la totalidad de las 7.500 camas turísticas solicitadas.

"Sin perjuicio de la resolución final que solo corresponde al Parlamento de Canarias -se decía entonces-, los hechos demuestran que durante la tramitación del expediente el Gobierno ha ido reduciendo las posibilidades de construcción turística planteadas por Anfi-Tauro, para su mejor adecuación al planeamiento sectorial-turístico y territorial. Anfi-Tauro solicitó inicialmente 7.500 plazas y no le fueron admitidas. Con posterioridad propuso 3.405 plazas, que de nuevo han sido consideradas excesivas por el Gobierno de Canarias. Entiende en el Ejecutivo que únicamente cabe plantearse tres alternativas que van de las 1.621 a las 1.790 plazas, para ajustar la capacidad alojativa de los establecimientos a la capacidad de uso de los equipamientos complementarios previstos en el proyecto y al plazo de vigencia de la conocida como "Ley de Moratoria". Lejos de que fueran admitidas las iniciales solicitudes de camas de dicha promotora, se ha ido recortando sucesivamente su capacidad alojativa, hasta dejarla en menos de una cuarta parte de las camas propuestas en 2005 por Anfi-Tauro, al entender el Gobierno que así se adecua mejor al interés general".

Los cuatro proyectos

Se presentaron cuatro solicitudes de declaración de interés general, a través de los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife. En el momento de ocurrir los hechos, los expedientes administrativos de los tres primeros estaban culminados, respetándose el volumen de camas propuesto por los cabildos. Se pretendía concluir el cuarto para que el Gobierno los sometiera conjuntamente a la decisión del Parlamento. Se describen a continuación:

-Proyecto Turístico de un Hotel Temático Familiar de cinco estrellas, con 484 plazas, de la empresa Explotaciones Santonel, a ejecutar en Adeje (Tenerife).

-Proyecto Turístico de un Complejo de Apartamentos, con 700 camas, de la empresa Abama, de cinco llaves, a ejecutar en Guía de Isora (Tenerife).

-Proyecto Turístico de un hotel y villas, con 2.631 camas de las máximas categorías, a ejecutar por la empresa Lopesán en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

-Proyecto Turístico Anfi Tauro, integrado por establecimientos hoteleros de cinco estrellas y extrahoteleros, con 7.500 camas (reducidas inicialmente a 3.405 camas y, finalmente, a 1.671), a ejecutar en Mogán (Gran Canaria). Este era el único expediente que en el momento de suceder los hechos judiciales estaba por culminar. Se encontraba en trámite de audiencia a la empresa promotora, toda vez que su petición de camas es considerada excesiva por el Gobierno de Canarias, a la vista del planeamiento territorial que afecta a las parcelas donde se proyecta el citado complejo; y teniendo además en cuenta la necesidad de ajustar la capacidad alojativa de los establecimientos a la capacidad de uso de los equipamientos complementarios previstos en el proyecto.

* Ex presidente del Gobierno de Canarias