A llorar al valle

 NORMALMENTE las personas que se dedican a insultar a otras es porque no tienen, no saben o, simplemente, no quieren utilizar argumentos razonados para defenderse de una posible "agresión" verbal o escrita que hayan podido recibir. Y aunque no sea siquiera de una forma directa, como es este el caso, sino que el que se considera ofendido se siente parte de un colectivo que se autodenomina progresista y de izquierdas, ataca como sabe y puede con los típicos reproches e insultos de facha, antidemocrático, carca?, etc. Al menos hasta ahora, porque nunca había escuchado un insulto tan "bonito", bonito es una cursilada, diríamos, "original", como el de "A llorar al valle", que supongo que debe ser algo así como si te mandaran a freír espárragos o más bien a hacer puñetas. El caso es que me encanta la expresión; por cierto, muy utilizada en Venezuela, y que en realidad se suele emplear cuando se han agotado todas las opciones disponibles y no le queda a uno más elección ni más remedio que resignarse.

Pero resignarse es de cobardes. Y defender unas ideas, siempre y cuando se hagan respetando y aceptando que los demás puedan tener otras distintas a las tuyas, aunque para uno puedan estar equivocadas, no es de izquierdas ni de derechas es, simplemente, un derecho que se suele utilizar en los países democráticos como expresión de libertad. Ya se sabe que la libertad de expresión se gana, precisamente, cuando se ejercita. Expresar un punto de vista ante los grandes debates que están ahora mismo sobre la mesa, relacionados principalmente con la defensa de la vida, la dignidad de la persona, la educación de nuestros hijos, el rechazo al aborto, el apoyo a la familia, el deseo de que funcione y se imparta mejor la justicia, etc., son cuestiones políticas y morales de primer orden a las que no se puede ni se debe renunciar.

Los ciudadanos no sólo tenemos derecho a votar cada cuatro años y, entre voto y voto, aguantar lo que les echen. Es necesario exigir de nuestros representantes y de nuestros dirigentes políticos honestidad, solvencia, dedicación?, y, sobre todo, responsabilidad. No es de recibo, por poner solo un ejemplo reciente, que el padre de Mari Luz Cortés, por cierto un hombre cabal donde los haya, víctima inocente de una sucesión de despropósitos judiciales, previos al asesinato de su hija por un indeseable que debería haber estado cumpliendo condena por haberse dedicado a la pedofilia desde hace demasiados años, esté dispuesto a exigir responsabilidades al presidente del Gobierno como representante de la Administración del Estado, al comprobar con pena, rabia e impotencia, cómo dicha responsabilidad comienza a diluirse de arriba hacia abajo hasta llegar, como no, al funcionario de turno, que para más inri llevaba 45 días de baja por un esguince y, por supuesto, nadie se había preocupado de sustituir.

La justicia en España funciona mal; es más, el mismo sistema es el que está en entredicho al poner al descubierto casos como éste y otros que vamos conociendo, que, además, causan alarma social y que nos producen miedo y desconfianza, ante la inseguridad policial y jurídica en la que estamos inmersos. El problema no es, como se ha dicho insistentemente, que los jueces estén o no politizados, o que se dividan en agrupaciones o colectivos en función de una determinada corriente política; el problema, el peligro, la verdadera inseguridad jurídica viene cuando dichos jueces dictan sus resoluciones o sus autos en función, precisamente, de esa ideología. Véase si no, el triste espectáculo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del propio Consejo General del Poder Judicial. Además de existir una evidente falta de coordinación entre los distintos ministerios implicados. Y esto sí que es una responsabilidad política.

Soy de la opinión, y más de una vez lo he manifestado, de que existen determinadas competencias que deberían permanecer como exclusivas del Estado, sobre todo como medio de preservar la igualdad de todos los españoles; y entre dichas competencias se encontraría, no sólo la educación y la seguridad ciudadana o la hacienda pública, sino la justicia. Ningún gobierno se ha preocupado lo suficiente por dotar de personal y medios adecuados a una administración de justicia tan necesitada de una eficacia y de una inmediatez vital y necesaria para su correcto funcionamiento. Ya va siendo hora de dejar a un lado los prejuicios de esta izquierda tan acomplejada por una ideología trasnochada, que insiste en que el fin de la pena sigue siendo en todos los casos la rehabilitación, y apoyar más a las víctimas y compadecerse un poco menos de los delincuentes; éstos, sí que deberían irse a llorar al valle, pero al de lágrimas.

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