EL DÍA, S/C de Tenerife
La abogada de los aspirantes a bomberos suspendidos en la convocatoria de 2003, Almudena Viota, planteó ayer una serie de críticas sobre el nombramiento por parte del Consorcio insular de un nuevo tribunal calificador para la prueba psicológica que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó repetir para los cinco afectados. Viota apuntó que casi todos los miembros del citado órgano pertenecen a la plantilla del Consorcio y otro de los integrantes trabaja en un recurso dirigido por Wladimiro Rodríguez Brito, uno de los acusados por los denunciantes de no haber tomado medidas correctoras tras la "injusticia" cometida hace más de cuatro años.
De hecho, opina que ahora puede existir menos transparencia que hace cuatro años, cuando en el tribunal también había un representante del Gobierno canario y otro de los funcionarios.
La abogada señaló que la aplicación de una ley del año 2007 no procede en este asunto, cuyos hechos se remontan a 2003, puesto que presuntamente se incumple el principio de igualdad. Además, según la letrada, el presidente del Consorcio, Manuel Ortega, divulgó los nombres de los miembros del tribunal y presuntamente en esa acción también cometió una violación de la tutela judicial efectiva.
Garantías
Cabe recordar que, en este caso, la elección de los componentes del órgano debe escucharse la opinión de la parte afectada y finalmente debe ser la autoridad judicial quien controle el proceso y designe a los calificadores.
Viota apunta que la intención de sus defendidos con dichas críticas no es retardar la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sino que el proceso se haga con todas las garantías legales.
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