¿Moratoria?, ¿qué nueva moratoria?

... En un momento extremadamente delicado desde el punto de vista económico, la agenda política de la Comunidad Autónoma se dirige de forma inexorable hacia el debate sobre la continuidad o no de la moratoria turística, vigente desde la Ley de Directrices del año 2003 y sobre cuya eficacia habría mucho que decir. Cinco años después Canarias tiene casi 50.000 plazas alojativas más, nada se ha hecho en materia de rehabilitación de la planta que se ha quedado obsoleta -de forma más que evidente en algunas zonas- y la Administración se enfrenta al pago de multimillonarias indemnizaciones por bloquear proyectos de promotores turísticos, lo que evidencia serios fallos en la norma. Y ningún gobierno hasta la fecha ha sido capaz de poner el cascabel al gato: reformar la ley y apostar de forma decidida por la renovación. En ese sentido tienen razones quienes afirman que el Ejecutivo entonces presidido por Román Rodríguez hizo la legislación y los que vinieron a continuación la metieron en un baúl y tiraron la llave al mar. Una prueba de esta situación es el hecho incomprensible de que la ley trianual que fija los crecimientos y las condiciones para otorgar nuevos permisos perdiera vigencia en abril de 2006 sin que nadie se molestara en impulsar la nueva legislación, lo que de hecho no permite dar una sola licencia para nuevos hoteles en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Esto lleva a creer que el problema es que nadie en la Comunidad Autónoma ha tenido criterios claros hasta el momento sobre lo que se quiere hacer, más allá de la propuesta de CC y PP al final de la legislatura pasada, cuando ambos partidos propusieron acumular la posibilidad de aprobar las camas que no se hubieran utilizado con respecto al cupo anterior, abriendo de esta forma la puerta a miles y miles de nuevas plazas.

... Cuando se habla de higiene democrática habría que recordar que en la base de dicho concepto se encuentra la transparencia. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró ayer que el Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento la revisión de la moratoria. Lo cierto es que, sin embargo, apenas conocemos algo sobre sus intenciones. A pesar de la trascendencia que esta norma tiene sobre una economía como la que caracteriza a nuestro Archipiélago, sobre la que se ciernen negros nubarrones y que se asienta en gran medida en el turismo, casi nada ha trascendido sobre las intenciones de la Administración en un tema que requiere de menos secretismo y de un debate abierto y participativo.