EFE/EL DÍA, Bruselas/Tenerife
Bruselas amenazó ayer con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por aplicar derechos portuarios discriminatorios, que prevén tarifas más bajas para los desplazamientos a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que al resto de puertos comunitarios.
Según la Comisión Europea (CE), los derechos portuarios que hay que pagar por los trayectos efectuados por buques que van a esos destinos son inferiores a los recaudados por el tráfico entre los puertos españoles continentales y los puertos comunitarios.
Por ese motivo, el Ejecutivo comunitario emitió ayer un dictamen motivado (último paso antes de denunciar a un país ante el Tribunal de Justicia de la UE) contra España. Según Bruselas, "la legislación española prevé asimismo que los derechos recaudados por el tráfico entre un puerto español y un puerto de un tercer país no pueden ser objeto de bonificación alguna, por lo que son superiores a los recaudados por el tráfico entre los puertos españoles y los comunitarios". Esa situación, considera la CE, es discriminatoria y viola el reglamento que reconoce el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y la UE y terceros países. Para Bruselas, "tales discriminaciones sólo pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general".
Aunque España ha alegado como justificación la cohesión territorial, "no ha presentado pruebas suficientes para demostrar el carácter necesario y proporcionado de las medidas de bonificación, sobre todo teniendo en cuenta las compensaciones que ya se aplican en favor de las zonas en cuestión para cumplir las obligaciones de servicio público.
En otro contexto, la Autoridad Portuaria informó ayer de que el puerto tinerfeño ha sido elegido para la realización de una prueba piloto de implantación del despacho telemático fitosanitario con generación del número de referencia completo.
Despacho de mercancías
Si bien este sistema ya se encuentra implantado en el puerto de Valencia, el objetivo del Ejecutivo central es hacerlo extensivo a todas las instalaciones dependientes de Puertos del Estado. Las dependencias de la Inspección de Sanidad Vegetal del puerto de Tenerife acogerán la infraestructura necesaria para la realización de la prueba, constando básicamente de tres ordenadores, tres unidades PDA, una impresora y un escáner.
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