EL DÍA, La Orotava
El Gobierno orotavense (CC) no seguirá con su lucha judicial para salvar las licencias de construcción del polémico edificio de nueve plantas por el que se derribó el histórico teatro Atlante. Tras la re-ciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de rechazar el recurso de nulidad presentado por el Consistorio villero, el Cabildo insular y la empresa constructora (Pejomar) contra la sentencia de septiembre de 2007, en la que le daba la razón con contundencia al movimiento vecinal y a los partidos que se opusieron desde el principio al derribo del Atlante y al proyecto de viviendas, el gobierno local, en cumplimiento de lo anunciado en el pleno del pasado mes de febrero, prefiere ya centrar todos sus esfuerzos en intentar una salida consensuada con todas las partes, para lo que retomará la mesa de negociación que trató en su momento de limar asperezas y buscar una salida de esta índole sin muchos avances y, finalmente, con duras críticas des-de la oposición.
La sentencia del 28 de septiembre pasado anulaba las licencias de construcción e impedía el desarrollo del edificio, aparte de censurar con dureza lo ocurrido y la pérdida del teatro, de lo que culpaba a ambas administraciones. Los grupos opositores, sobre todo IPO, PSOE e IUC-LV, confían en que, en esta ocasión, el intento de diálogo de CC vaya en serio, y se agarran a las sucesivas decisiones judiciales a favor del movimiento vecinal y en contra de los gobiernos insular y local, así como de la constructora, para exigir seriedad, cumplimiento de las sentencias y acuerdos que garanticen el uso público del espacio Atlante.
En el día de ayer, IUC-LV se pronunciaba sobre la última resolución del Tribunal y lo calificaba de "nuevo y serio correctivo a una manera de actuar presidida por la temeridad, como reconoce el propio Tribunal, y la constante huida hacia delante".
El concejal de esta coalición, Francisco Baute, cree "insultante el silencio y la falta de iniciativa que ante esta nueva resolución jurídica mantienen las dos administraciones afectadas y duramente cuestionadas por los fundamentos que motivan la sentencia. Por enésima vez -subraya-, apelamos a la superación de los intereses partidistas, ya que lo que se está produciendo realmente es un descrédito de ambas instituciones, más allá, incluso, de las siglas políticas que las sustentan".
Baute, licenciado en derecho, sostiene que el fallo judicial "re-bate la veracidad de algunos de los argumentos que sustentaron el re-curso presentado (niega la falta de audiencia o emplazamiento al Ca-bildo), al tiempo que evidencia la falta de interés de la Administración insular, al no comparecer en un asunto de tanta trascendencia y en el que tiene, desde su origen, una incuestionable responsabilidad".
A su juicio, los nacionalistas a escala local e insular "debe dar la cara cuanto antes e informar a to-dos los vecinos de La Orotava de las acciones que, ante esta nuevo revés jurídico para sus intereses, piensan desarrollar de manera inmediata".
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