COLPISA, Madrid
La Audiencia Nacional sospecha que los 4,8 millones de francos suizos (unos tres millones de euros) bloqueados desde octubre pasado en un banco helvético provienen del cobro del "impuesto revolucionario", el chantaje al que ETA somete a los empresarios vascos y navarros. El juez Baltasar Garzón, que desde 1998 investiga la red de extorsión terrorista y que ordenó el bloqueo en Suiza, está a la espera de tener en su mesa las traducciones de las respuestas a sus comisiones rogatorias para aclarar la procedencia de ese dinero.
Esta complicada investigación económica internacional que ahora ha visto la luz, explicaron ayer mandos de la lucha antiterrorista, se remonta a julio de 2006. En esas fechas, la Money Laundering Reporting Office of Switzerland (MROS, oficina antiblanqueo de la policía suiza) abrió dos investigaciones paralelas sobre un posible lavado de capitales. El órgano antifraude de Berna detectó que el flujo de dinero procedía de una entidad radicada en Vaduz (Liechtenstein).
A su vez, el principado puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la existencia en uno de sus bancos de varias trasferencias hechas por personas que supuestamente podrían estar vinculadas al entorno de ETA. Garzón, de inmediato, incluyó esas pesquisas en el sumario 86/98 que persigue el "impuesto revolucionario".
En abril de 2007, Liechtenstein informó, ya de manera oficial, de que el dinero que había pasado por el principado tenía como origen una cuenta en el BNP francés y como destino Suiza. El dinero estaba gestionado, aseguraron las autoridades de Vaduz, por dos fundaciones.
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