El Ejecutivo ultima el protocolo de actuación en violencia de género

M.G., S/C de Tenerife

El proceso de elaboración de un protocolo para la atención a las víctimas de violencia de género, iniciado en el año 2005, está cerca de su finalización. Así lo anunció ayer en comisión parlamentario el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, quien informó de que este instrumento está ya "ultimado" y sólo está pendiente de que la subcomisión redactora concluya una versión "más simple y práctica" del documento, algo que podría conseguirse en las próximas horas.

El protocolo permitirá que las diferentes instancias que intervienen en el tratamiento de la violencia contra las mujeres actúen de forma coordinada e integral. Entre otras aplicaciones, este recurso facilitará reforzar las medidas cautelares contra los agresores, mejorar la actividad probatoria ante los procesos penales y fomentar la colaboración institucional en la lucha contra este fenómeno.

El PSC-PSOE, formación que había solicitado la comparecencia del consejero, celebró la noticia, aunque lamentó que el protocolo pasara "tanto tiempo guardado en un cajón". La diputada socialista Eulalia Guerra también reclamó que, si el proceso de elaboración se prolonga, se incorporen a él las policías locales.

José Miguel Ruano también se refirió a los turnos de oficio especializados en violencia de género, en cuya implantación en Canarias el PSOE aprecia "disfunciones".

De los cuatro colegios de abogados de las Islas, este servicio sólo se presta en dos: el de Tenerife -que incluye también La Gomera y El Hierro- y el de Las Palmas, que abarca Gran Canaria y Fuerteventura. Los de La Palma y Lanzarote no lo aplican, de forma que la atención a las víctimas se canaliza a través del turno de oficio general. Esto es debido a que en ambas islas no se han organizado los correspondientes cursos de formación, en cuya financiación participa el Gobierno canario. Ruano puntualizó que los colegios de abogados han aprobado recientemente un documento de coordinación ante estos delitos y confió en que este instrumento posibilite los cursos de formación en Lanzarote y La Palma.