AGENCIAS, Sevilla
La Junta de Jueces de Sevilla afirmó ayer que existe el "riesgo cierto" de que se repita un error como el de la puesta en libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, por la sobrecarga de trabajo y porque la sustitución de las bajas se hace de forma "tardía y por personal no cualificado".
Mientras tanto, la comisión de estudio creada por la Fiscalía a raíz de este caso, que celebró ayer su primera reunión, se plantea la unificación de los sistemas telemáticos usados por los Juzgados, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad para que exista una comunicación fluida sobre la situación de los condenados por delitos sexuales.
En un comunicado leído por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, la Junta de Jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria asegura que mientras persistan las actuales carencias, "el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos".
Jiménez Ballester afirmó que, con el reparto de funciones en un juzgado, "no se puede hacer al juez completo responsable de lo que ocurre", ya que es "humana y físicamente imposible que una sola persona controle los miles de asuntos que de él dependen".
La depuración de responsabilidades por los fallos en los procesos judiciales contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, alcanza ya todo el abanico de profesionales implicados.
El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han abierto sendas investigaciones para averiguar si alguno de los funcionarios dependientes de sus departamentos y de la Junta de Andalucía cometieron errores que puedan acarrear sanciones disciplinarias. Las pesquisas examinan el trabajo realizado por funcionarios, secretarios judiciales y fiscales en los distintos juzgados, sobre todo de Sevilla, que tramitaron causas contra Del Valle.
Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos.
El objetivo de todas ellas es saber qué errores se cometieron y por quiénes para que un delincuente sexual que en 2006 contaba en su haber con dos condenas firmes de más de dos años de cárcel no ingresase en prisión antes de matar a Mari Luz. El escándalo y la alarma social producida por este "clamoroso" fallo del sistema judicial, como lo definió el propio portavoz del CGPJ, ha desencadenado un proceso de depuración de responsabilidades sin precedentes.
El juez de la Audiencia de Sevilla Javier González Fernández, investigado por el retraso en resolver una apelación del acusado de la muerte de Mari Luz, lamentó haberse enterado por la prensa y dijo que, por lealtad institucional, sólo responderá por los mecanismos judiciales.
La comisión formada en la Fiscalía General para mejorar el control judicial de los delincuentes sexuales celebró ayer su primera reunión y decidió que en un plazo máximo de tres meses deberá emitir un informe con las propuestas legislativas y las reformas en la gestión procesal que se considera necesario realizar.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández, consideró ayer que el Consejo General del Poder Judicial ha dado una respuesta adecuada para depurar las responsabilidades en el caso del detenido por la muerte de la niña Mari Luz Cortés. Además, el CGPJ admitió ayer fallos en su sistema de inspección de los juzgados.
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