EFE, Madrid
El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, insistió ayer en la necesidad de "exigir todas las responsabilidades a las que haya lugar" sobre el caso de Mari Luz y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé las "explicaciones pertinentes" sobre posibles errores judiciales.
Alonso, en una entrevista en la cadena Ser, aseguró que el CGPJ debe explicar "por qué no se admite una orden de busca y captura a una persona que ya está condenada", en alusión al presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, sobre el que recaían dos condenas antes de la desaparición de la pequeña.
También es responsabilidad del CGPJ, en opinión de Alonso, aclarar lo que ocurrió con "la inspección que se hizo en noviembre en el Juzgado concernido y que no detectó esas irregularidades".
El CGPJ vio el año pasado un "cierto retraso" en el trámite de las ejecuciones de sentencia en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, cuyo titular -Rafael Tirado- mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz, y le dio recomendaciones para paliarlo.
El ex ministro de Defensa dijo que la cadena perpetua "choca con la Constitución" y que, en el caso de la niña asesinada en Huelva, el problema no han "sido unas leyes u otras", sino que las que existen en España, a su juicio "muy duras, no se han aplicado".
El secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, cree que el error no está "tanto en que los mecanismos que tengamos sean inadecuados o insuficientes, sino que no han funcionado adecuadamente".
"Ésta es la impresión que tenemos", ha dicho el responsable de Justicia, quien ha aconsejado antes de abrir un debate sobre la oportunidad de poner en marcha nuevas medidas en relación con los pederastas, averiguar primero "qué es lo que ha funcionado mal" en el caso del acusado de la muerte de la niña de cinco años.
Una vez determinadas las responsabilidades, el Gobierno verá "cuáles son las medidas legislativas y organizativas a adoptar".
Reunión con los fiscales
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, mantuvo ayer una reunión con las fiscales responsables de protección de las Víctimas, Violencia sobre la Mujer y Menores, para estudiar las circunstancias del "caso Mari Luz" y proponer medidas que eviten que se repita.
Conde-Pumpido convocó ayer a las tres fiscales de sala especializadas en estas materias: Pilar Fernández (Protección de las Víctimas de Delitos), Soledad Cazorla (Violencia sobre la Mujer) y Consuelo Madrigal (Menores).
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Francisco José Hernando, habló ayer telefónicamente con el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, y se comprometió con él a investigar y depurar responsabilidades.
Según fuentes del CGPJ, Hernando habló con Cortés, le mostró sus condolencias y también le invitó a una futura entrevista en la sede del órgano de gobierno de los jueces para darle cuenta de la investigación abierta. También le ha mostrado su compromiso de proponer soluciones y medidas para que en un futuro lo ocurrido no vuelva a pasar.
El juez Rafael Tirado, que dejó en libertad al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, dijo ayer que no quiere entrar en polémica con la Junta sobre la baja de la funcionaria que ejecuta las sentencias, pero aseguró que la documentación demostrará lo sucedido. Tirado celebró ayer con normalidad un juicio y, al terminar, fue preguntado por los periodistas sobre la afirmación de la Junta de que no es cierto que la funcionaria que ejecuta las sentencias estuviese cinco meses de baja sin ser sustituida. El juez indicó que no desea entrar en polémicas y se ha remitido a la documentación que obra en su juzgado, que demostrará lo sucedido.
La Fiscalía General del Estado estudiará "medidas eficientes" de control de las personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual y no descarta proponer al Gobierno que impulse una reforma legislativa en este sentido.
Seis vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial han propuesto la reprobación y cese del portavoz del órgano, Enrique López, por las declaraciones efectuadas tras la detención de Santiago del Valle. López abogó por abrir un debate sobre la cadena perpetua.
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