Cartas al Director

Gran

Estoy de acuerdo, ni lógico ni, como se ha encargado de demostrar este medio, histórico.

Hoy en día, los Ramones pueden optar por figurar en el DNI como Mari Pili y las Rosas como Fulgencio. Y no pasa nada. Usted puede, si es su deseo, alterar parcialmente cualquier rasgo mayor de su fisonomía o identidad. Los "drags queen" pueden simular que cantan o que son muy altas/os y no sucede nada. Es aceptable, en esta sociedad avanzada y bajo los parámetros del entendimiento moderno, que cada uno, sin fastidiar a nadie, opte por elegir en todo lo que se pueda, referente a sus vidas y destino. Chapó, nada que objetar.

Pero, claro, hay límites. Tiene que haberlos. En Alemania una pareja quiso inscribir en el Registro a su hijo recién nacido con el nombre, por supuesto en alemán, de "máquinas de escribir" porque al parecer la pareja se había conocido en relación al aparato. Un tope está en lógica mínima para el calificativo o agrándatelo. Que yo sepa, nadie puede anteponer a su nombre el título de "doctor" si no lo es, o cualquier otra forma de calificación de los estados intrínsecos, méritos, formación o personalidad pública. Yo no puedo figurar en mi tarjeta de visita como ministro, rey, conde u obispo. En mi casa podré ser el comandante o tener un mote, pero ante los demás no es aceptable siquiera la graduación de sargento si no la he obtenido con trabajo, dedicación y méritos.Una barrera fundamental a no traspasar, en esa libertad es el perjuicio directo o indirecto a los demás. La acaparación egoísta de lo que no corresponde produce daños colaterales en una comunidad de propietarios por ejemplo, nadie puede hacer un cerramiento exterior de sus propios ventanales o incluir sin autorización en toldo que afecte a los elementos estéticos comunes del edificio. Hay que consensuar un aspecto exterior integrado; si no sería el desmadre y perjudicaría el valor individual de cada finca. Hay que preguntarse siempre en estos casos, ¿qué pasaría si los demás hicieran lo mismo?, y la fachada luciera lonetas amarillas verdes, azules, cerramientos de hierros y cementos anárquicos, decididos por unos o por otros. Es completamente ilegal (Ley de División Horizontal 49/1969).

Intentando no pecar de seguidismo ciego con la línea editorial de este periódico, ¿qué pasaría si Tenerife se pusiera Ultra Mega Tenerife o ahora Super Fuerteventura fuera el nombre de la isla majorera? Es posible que a La Graciosa le interesara el mini Graciosa como contraste, y así, superlativamente, seríamos el hazmerreír del despropósito de los grandes enanos.

Qué bonito nombre el de Canaria, que además ha sido generalizado como denominación unificada del Archipiélago. Estamos todos de acuerdo y lo aceptamos, al igual que los guanches de Tenerife trasladaron, para la historia, la denominación conjunta a los aborígenes de todas las Islas y hasta ahora a nadie se le ha ocurrido anteceder con "grandes" a los de aquí. Canaria es la segunda isla en volumen de tierra emergida, la tercera en pleno, la primera o segunda "ex ecuo" en potencial económico, la que tiene la ciudad más habitada de las islas..., y así un largo etcétera, a veces primera, a veces segunda y a veces séptima, de características físicas, económicas y sociales. La cuestión no es eso, ni el derecho a decidir, ni el requerimiento de la historia reciente. La cuestión es que, seriamente, "Gran" no se puede ser si no es la "Gran", o, lo que es lo mismo, la más grande. Es este razonamiento, indudablemente, la Gran Canaria es la isla de Tenerife.

José A. Infante Burgos

Educación para la Ciudadanía y Coalición Canaria

Existe la paradoja de que mientras el 80% de las familias, según la Concapa, quieren que se siga dando las clases de religión en Secundaria, el Gobierno las ignora eliminándola (caso de Cataluña y Baleares), y, en otros casos, como el de la Educación para la Ciudadanía (EPC), que nadie quiere, existe un empeño despótico del Gobierno "zapateril", de imponer esa asignatura en contra de la opinión general. Ignoran y se saltan el artículo 27 de la Constitución Española, párrafo tercero: "Los poderes políticos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". El Estado no puede imponer un adoctrinamiento ideológico a nuestros hijos. Eso es más propio de regímenes totalitarios, como el nacional socialismo alemán o la dictadura comunista; y no de una monarquía parlamentaria. La historia y sus errores se repiten y ello nos lleva a evocar a Rodolfo Llopis, director general de primera enseñanza, en la Segunda República (el que llegaría a ser secretario general del PSOE), cuyos decretos y circulares de mayo de 1931 ya buscaban implantar un sistema laicista y arrinconar a la Iglesia católica. ¿Qué les recuerda esto? Pues, que estamos ante lo que se ha dado en llamar "la revolución silenciosa", a la que hemos entrado como borregos, con las miras puestas en la tercera república, y para la que el Gobierno necesita "lavar el cerebro" a nuestros jóvenes, apartar a la Iglesia católica, controlar a los medios (léase Cope) y, probablemente, a la monarquía (recuérdese a Alfonso XIII). Ya dijo Largo Caballero (histórico dirigente del PSOE y de UGT, y presidente de la Segunda República), el 20 de enero de 1936, que "La democracia es incompatible con el socialismo?"

En definitiva, que la misión del Estado no es transmitir valores ni imponer ideologías sino apoyar a las familias en su derecho constitucional a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Rouco Varela afirma que los padres son los titulares exclusivos de la formación moral y religiosa de sus hijos.

En tal sentido, Coalición Canaria (CC) debe manifestarse en lo que opina al respecto. Debe facilitar la labor a los padres que deseen objetar la asignatura de EPC. Luis Carbonel Pintanel, en un escrito dirigido a todas las familias de la Concapa, hace un llamamiento a la objeción de conciencia de los padres ante la polémica asignatura y asegura que es el único recurso legítimo que deja la actitud del Gobierno. Y aquí, los objetores no son unos insumisos, sino unos padres preocupados por la formación de sus hijos que exigen el derecho que les ampara la Constitución Española. CC, al igual que se ha hecho en Murcia y Madrid, debe posibilitar esa objeción, al menos como medida cautelar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Por parte de su socio de gobierno canario (PP) no va a tener impedimentos. El problema puede surgir en que, para formar grupo parlamentario en el Congreso, CC está contactando con grupos como Izquierda Unida, y ahí sí hay claros enfrentamientos ideológicos. De una vez por todas deben dejar de ir a Madrid a mendigar, porque desconciertan a sus votantes, porque nunca saben a quién se unirá. CC debe resurgir de sus cenizas y dar una idea clara a los canarios de lo que defienden, aunque para ello se queden solos. ¡Respalden a los padres de familia!

Artemio