Las Palmas de Gran Canaria, EFE El Gobierno de Canarias acordó hoy la constitución de la fundación pública Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla (Tenerife), en la que participará junto a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El Consejo de Gobierno también aprobó estatutos que regirán esta institución y, como dotación fundacional, acordó el desembolso de 195.000 euros, que corresponden al 30 por ciento del importe total destinado a este concepto, que asciende a 650.000 euros.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife correrá con los gastos del 70 por ciento restante, es decir, 455.000 euros, según los estatutos de la fundación.
El Gobierno de Canarias considera el proyecto de construcción del puerto industrial en Granadilla una infraestructura de importancia estratégica para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia del agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones y porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife.
La Comisión Europea ha emitido dictamen sobre el proyecto en el que establece, entre las medidas compensatorias para la ejecución del mismo, la creación de una fundación independiente y permanente antes de que comiencen las obras, cuyo objeto sea fundamentalmente, garantizar que el puerto se construya y gestione de manera respetuosa con el medio ambiente, controlar el estado y las tendencias de la biodiversidad local, así como garantizar al mismo tiempo, la adecuada aplicación de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental.
En virtud de los estatutos aprobados, el Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla tiene como objeto colaborar con los departamentos e instituciones de la comunidad canaria y de otros archipiélagos macaronésicos, así como con otras instituciones de la administración del Estado con competencia en la conservación del medio marino, y con las entidades de carácter científico o conservacionista vinculadas a este medio.
Esta fundación tiene como fin realizar un análisis continuo de la evolución de los impactos previsibles y probables, tanto si son negativos como positivos, de la construcción y funcionamiento del Puerto de Granadilla y elaborar informes periódicos sobre el estado de la biodiversidad y sobre situaciones de alarma que requieran decisiones de gestión relacionadas con la conservación de los recursos naturales marinos.
Igualmente, contempla en sus objetivos colaborar en el establecimiento de un banco de datos de todas las especies y hábitats marinos de la Región Macaronésica que contenga la plasmación geográfica de la distribución de las especies y los hábitats, de forma que pueda constituirse, además, en un Sistema de Información Geográfica, que aglutine el estado del conocimiento más actual y permita un registro temporal de la dinámica de estos hábitats y especies.
Como fines complementarios, la fundación determinará los criterios adecuados sobre la consideración de "estado de conservación favorable" para cada especie o hábitat de la directiva de hábitat europea, diseñará los indicadores de seguimiento del estado de conservación de estas especies y hábitats y establecerá una red de criterios para proteger los lugares de importancia comunitarios de impactos perjudiciales y proponer la monitorización adecuada.
El estatuto de la fundación también establece respecto a los fines, otros tendentes a detectar amenazas para la conservación, analizar las tendencias en el estado de conservación de las especies y hábitats de la Directiva de Hábitats, y proponer medidas de gestión.
La institución contará con ingresos suficientes derivados de la actividad portuaria desarrollada en el Puerto de Granadilla y de la Autoridad Portuaria. Así, la corporación portuaria aportará, mientras no entre en funcionamiento el Puerto de Granadilla, un mínimo de 200.000 euros anuales a tal fin.
Los órganos de gobierno de la fundación son el patronato y el director. El patronato estará integrado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el director de la fundación pública, un vocal en representación del Ministerio de Medio Ambiente, tres en nombre de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, y el Instituto Canario de Ciencias Marinas; y otro vocal de las asociaciones.
Este órgano de gobierno y representación ejerce su dirección y todas aquellas facultades ineludibles para el cumplimiento de los fines fundacionales, correspondiéndole, entre otras funciones, la representación de la fundación ante las instituciones; la alta dirección, inspección, vigilancia y control de la institución; así como la aprobación de planes de actuación, presupuestos de explotación y de capital, memoria de actividades y cuentas anuales.
El director de la fundación se encargará de la alta dirección y su mandato tendrá una duración de cinco años, renovable por una sola vez mediante acuerdo del Patronato. A esta figura le corresponderá la formulación de las cuentas anuales y del informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume la fundación.
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