Desastres judiciales

LA EVIDENCIA DE QUE SI LA JUSTICIA no hubiese estado sumida en el caos se habría evitado la muerte horrible de una niña de cinco años a manos de un maníaco sexual reincidente arroja sobre el problema de fondo la carga de dramatismo que obliga a adoptar relevantes rectificaciones. Y a restaurar algunos viejos criterios que parecen olvidados o postergados, una prueba más de la insostenible situación del tercer poder del Estado. De hecho, este tremendo error judicial no es único desliz de la justicia en estos días, en que el asombro de la opinión pública se ha trocado rápidamente en indignación.

El hecho principal es conocido: un peligroso pederasta, juzgado y condenado varias veces por sus repulsivos delitos -en una ocasión abusó de su propia hija de cinco años-, nunca llegó a entrar en prisión por los fallos del sistema: nadie dictó contra él la pertinente y necesaria orden de busca y captura. La situación fue tan absurda que, aunque oficialmente este sujeto se hallaba en paradero desconocido, el facineroso se presentaba cada quince en un juzgado contiguo, requerido por otro asunto relacionado con su degenerada desviación.

Hallándose, pues, en libertad por un fallo manifiesto del juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, que olvidó encarcelarlo, el sujeto en cuestión raptó y asesinó a la pequeña Mari Luz en Huelva. Y el juez que cometió el 'olvido', ya sancionado hace años por otro descuido semejante, ha pretextado como disculpa el mucho trabajo que tiene su oficina judicial, la escasez de funcionarios y, en concreto, la ausencia por enfermedad y por vacaciones de una colaboradora. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la premiosidad y falta de iniciativa que lo caracteriza, ha reconocido el error y ha abierto una investigación.

Debería ser innecesario decir que la función jurisdiccional, tan protegida constitucionalmente, no es irresponsable: quien comete un error como el que ha hecho posible el asesinato de una menor ha de ser suspendido preventivamente de inmediato por el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, máxime si pretende eludir con evasivas su responsabilidad. Ninguna sobrecarga de trabajo puede justificar que determinados asuntos de vida o muerte escapen al control del juzgador. Y, por supuesto, ningún juez puede poner la vida, la honra y la hacienda de la ciudadanía, que está bajo su custodia, en manos de un funcionario subalterno de su oficina.

Dicho esto, y anotado el fracaso del CGPJ, conviene citar al menos otro error judicial vinculado a éste: el de la juez de Huelva que, pese a ser advertida por el delegado del Gobierno y por las fuerzas de seguridad de podrían producirse graves disturbios si mantenía la orden de llevar a su presencia en el juzgado ovetense al pederasta que asesinó a Mari Luz, persistió en su decisión. Hubo disturbios, con heridos y detenidos. Grave imprudencia se llama la figura.

Pero no acaba aquí la oleada de desaciertos: en una decisión inexplicable, el juez de Marbella que instruye el "caso Malaya" ha decidido poner en libertad bajo fianza al "cerebro" de la operación Juan Antonio Roca a los dos años de su encarcelamiento, contra la opinión de la Fiscalía, que recurrirá la libertad, y cuando la ley de Enjuiciamiento Criminal le permite prorrogar la situación de prisión provisional hasta los cuatro años. El juez reconoce en el auto el evidente riesgo de fuga del procesado ya que se da por cierto que tiene patrimonio oculto en paraísos fiscales, pero desarrolla inverosímiles argumentos para minimizar ese peligro de que se hurte finalmente a la acción de la Justicia. Obviamente, un millón de euros para quien había sustraído de las arcas públicas más de 200 millones es poco más que simple dinero de bolsillo. En todo caso, resulta incomprensible esta benevolencia -ha utilizado la discrecionalidad que le ofrece la ley para aliviar la reclusión de un sujeto que ha cometido una incalificable y descomunal tropelía contra el interés colectivo y contra la moral pública de este país-, que lanza un mensaje equivocado a la ciudadanía: la corrupción económica no sería un delito realmente grave puesto que ni siquiera justifica agotar los plazos de prisión preventiva. Un verdadero escarnio para el Estado de Derecho.

Ante todas estas sinrazones, ha comenzado a manar un torrente de propuestas encaminadas a revisar las normas, agravar las penas, crear un registro estatal de delincuentes sexuales, plantear con crudeza la evidencia de que determinadas desviaciones son irreversibles, etc., etc. Pocas voces se han alzado sin embargo para reclamar lo primero que habría que exigir: que la Justicia funcione, que los jueces estén sometidos a controles de eficacia y profesionalidad que garanticen con un grado suficiente de certeza que no cometerán errores irreparables, que la independencia judicial no se convertirá en arbitrariedad. En definitiva, en estos casos lamentables parece fallar más el sistema que la legislación. Es decir, la solución es la difícil, no la fácil, por lo que el desarrollo político y judicial de este escándalo múltiple no puede limitarse a cubrir el expediente mediante una retórica reforma de la normativa.